Las reformas y las leyes necesarias para implementar los acuerdos de paz a los que lleguen el Gobierno y las FARC en La Habana serán desarrollados por una comisión legislativa especial que será creada, una vez los guerrilleros dejen las armas, y siempre y cuando los colombianos refrenden los acuerdos. Así lo estableció la plenaria del Senado que este martes le dio segundo debate al acto legislativo para la paz. Esa comisión especial, también llamada ‘congresito’, estará integrada por los 19 senadores que hoy integran la comisión primera del Senado y los 35 representantes de la comisión primera de Cámara. Además de otros 12 congresistas que serán designados exclusivamente por los presidentes del Senado y la Cámara. Ellos serán los encargados de traducir en leyes o reformas constitucionales los acuerdos de paz con las FARC, y lo harán mediante un procedimiento más expedito que el que actualmente deben surtir las leyes ordinarias. Pues tendrán un solo debate en esta comisión, más el de las respectivas plenarias. Se aclaró que no se cambiara el proceso natural de las mayorías para aprobar los proyectos, toda vez que lo presentado inicialmente por el Gobierno exigía que se registrara mayoría absoluta para negar las normas, lo que iba contra toda lógica de un proceso democrático y legislativo. “Como venía el proyecto cualquier propuesta que presentara el Gobierno se daba por aprobada de entrada, incluso si en la votación el Congreso quisiera negarla con 51 votos en contra y solo 10 a favor ésta se aprobaba, con nuestra propuesta se respeta la democracia ya que para ser aprobada cualquier iniciativa debe tener la mayoría de votos positivos”, explicó el senador Carlos Fernando Galán Aunque la comisión legislativa especial es el principal espíritu del proyecto, , más allá de esta aprobación, lo significativo fue la decisión de la plenaria de excluir la posibilidad de una futura participación en política a los jefes guerrilleros. Esa posibilidad había sido aprobada en el primer debate, en la comisión primera del Senado, tras una propuesta del senador Antonio Navarro que decía: “Los miembros de las organizaciones guerrilleras que en el marco de acuerdos de paz firmados con el gobierno nacional hayan sido sujetos de la justicia transicional, se desarmen de manera verificable y se incorporen a la vida civil, podrán participar en política. Los acuerdos de paz que se firmen podrán establecer excepciones”. Esta redacción habilitaría a los máximos cabecillas de las FARC a participar en política, a pesar de que la Constitución prohíbe esa posibilidad para los mayores responsables de crímenes atroces. Sin embargo, tras calificarla como una propuesta inoportuna, la plenaria del Senado decidió echar para atrás esa decisión. Roy Barreras, ponente del proyecto, explicó: “Es connatural a cualquier proceso de paz cambiar las armas por la participación en política, pero resulta inoportuno ofrecerla ahora cuando ni se la esta pidiendo ni se han conocido los acuerdos finales”. La decisión tampoco significa que desaparezca de la discusión, pues en los seis debates que aún le restan a la reforma se podría revivir. La plenaria del Senado también aprobó las facultades extraordinarias al presidente de la República hasta por seis meses para expedir decretos relacionados exclusivamente con el desarrollo de los acuerdos de paz. El proyecto fue respaldado por amplias mayorías y una fuerte oposición del Centro Democrático, que sólo votó afirmativamente, al igual que el resto de congresistas, para excluir la participación en política de jefes guerrilleros. El acto legislativo para la paz pasará a la jurisdicción de la Cámara de Representantes. En 15 días se deberá dar el tercer debate.