Al aprobar la reforma política en segundo debate, la plenaria del Senado decidió que, en adelante, el Congreso tendrá la iniciativa del gasto del 20 por ciento del presupuesto general de la nación. La polémica propuesta fue calificada por algunos de sus detractores como la legalización de la mermelada o el regreso de los auxilios parlamentarios. Esa fue la principal novedad del proyecto de reforma política que superó su discusión en el Senado y que ahora pasa al estudio de la Cámara de Representantes. Esta disposición le da facultad al Congreso de disponer de algunas partidas del presupuesto nacional. Le quedan seis debates para que se incorpore como norma constitucional. En la práctica, lo que conllevaría esta disposición sería que los congresistas definieran en qué se debe invertir la quinta parte del presupuesto sin negociar con el gobierno de turno, y para ello tendrían que determinarlo en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Puede leer: Reforma política: un traje que se ajusta a la división de La U La decisión fue adoptada por una mayoría que se impuso a los congresistas que alertaron sobre que esta disposición sería el regreso a los auxilios parlamentarios, que fueron eliminados hace unas décadas y que fueron sustituidos por los cupos indicativos, partida que el gobierno le entregaba a los congresistas para que estos adelantaran proyectos en sus respectivas regiones, pero que siempre se adelantaron por debajo de la mesa. Sin embargo, los defensores de esta iniciativa, señalaron que esta norma les permitirá a los congresistas gestionar de manera pública y con previa autorización de la plenaria, proyectos y recursos para cada una de las regiones del país.La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) defendió esta disposición que de esta forma “se garantiza el manejo transparente de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, elimina los auxilios parlamentarios y la mermelada y le devuelve al Congreso una de las funciones principales, que es el poder incidir en la manera como se gastan los recursos que pagan todos los colombianos”. Le puede interesar: La reforma a la justicia se está enredando en el CongresoPara Valencia, devolverle la iniciativa presupuestal al Congreso lo dota de independencia frente al poder Ejecutivo. Otra cosa piensa la senadora Aida Avella (Unión Patriótica), una de las que votó en contra de este proyecto. Para ella se trata de un “orangután” de última hora que se le colgó a la reforma política (no había sido discutida en primer debate): “creo que es revivir los auxilios parlamentarios que sepultamos en la Asamblea Constituyente de 1991 y que dieron margen a mucha corrupción en este país; no puede ser que ahora vengan con un orangután de esa naturaleza”.Angélica Lozano (Alianza Verde) había condicionado la aprobación de este artículo a que se incluyera un parágrafo para definir los criterios de la inversión de iniciativa congresional, en materia de distribución, equidad territorial, rendición de cuentas, evaluación de impacto y transparencia, precisamente para que no se volvieran auxilios parlamentarios ni legalización de la mermelada. Como no fue aprobado, dijo a la salida del debate que la plenaria del Senado había “legalizado la ñoñomanía”. Esta proposición contó con el respaldo de bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador y La U. Le sugerimos: Y sin mermelada, ¿cómo gobernará Iván Duque?Listas cerradas se estrenan en 2019 El corazón de la reforma política era la eliminación del voto preferente y así lo aprobó en segundo debate la plenaria del Senado. Quiere decir que a partir de las elecciones del 2019, los colombianos votarán por partidos políticos y no por candidatos para elegir concejales y diputados. De esa misma forma se elegirán senadores y representantes a la Cámara en las elecciones de 2022. Según lo aprobado, los partidos políticos tendrán autonomía para escoger un mecanismo democrático para confeccionar la lista de candidatos, puede ser mediante una convención interna o una consulta, las cuales se deberán adelantar el mismo día para que no haya interferencia entre militantes de uno u otro partido. Aunque esta disposición se estrenará el próximo año, el procedimiento para que los partidos escojan los candidatos solo quedará aprobado en junio, un mes antes de que se deban inscribir las listas. Para la senadora Angélica Lozano esa circunstancia va a provocar que, por lo afanes, termine imperando la ley del bolígrafo y las listas se hagan a dedo sin ningún criterio democrático. El Senado también le dio vía libre a la paridad de género en las listas de candidatos. Es decir, las mujeres tendrán mayor participación en la política colombiana.A partir de 2019, los partidos deberán incluir mínimo el 33 por ciento de personal femenino entre sus aspirantes a corporaciones públicas. La cuota subirá al 50 por ciento a partir de los comicios de 2023. Le recomendamos: Estampida de conservadores en votación de las listas cerradas El Senado también aprobó límites de reelección para miembros de corporaciones públicas, que no podrá superar los tres periodos. Esa disposición había sido archivada en la Cámara de Representantes en un proyecto anticorrupción. Ahora volverá a esa misma corporación pero incluida en la reforma política, que es de iniciativa del gobierno. En 15 días el proyecto estará en jurisdicción de la comisión primera de la Cámara y deberá superar dos debates antes del 16 de diciembre.