El Senado de la República aprobó en sesión plenaria y por unanimidad el proyecto de ley por “el cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana”.
La iniciativa pretende aumentar penas privativas de la libertad a quienes cometan hurtos urbanos y delitos relacionados, así como a quienes atenten contra los bienes públicos y las autoridades. Ahora este pasará a conciliación.
De igual manera, se estableció la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y la sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística.
Esta iniciativa, que tenía mensaje de urgencia, tuvo debate conjunto en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.
En la norma se crea el concepto de “legítima defensa privilegiada”, entendida como aquella que se presume, no solo cuando se ejerce para rechazar al extraño que, usando maniobras que superen las barreras de la propiedad o mediante violencia, penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, sino a la propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado.
También se aumenta la pena del homicidio hasta 58,3 años (hoy el máximo es de 50 años), cuando se cometa en contra de: miembro de fuerza pública en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, con fines terroristas, persona internacionalmente protegida, menor de edad, servidor público, periodista, juez de paz, defensor de Derechos Humanos y miembros de una organización política o religiosa.
Frente al hurto, se establece una pena de prisión, que será de 2,6 años a 4 años, cuando la cuantía sea inferior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), y de 4 a 9 años, cuando la cuantía sea igual o superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Con la aprobación de esta ley se crea el delito de Porte de Arma Blanca; por tanto, “se prohíbe portar elemento punzante, cortante o cortopunzante”, en medio de transporte público masivo o durante evento masivo o escenario abierto al público. Incurrir en este delito tendría prisión de 24 a 36 meses.
Su ponente, el senador Germán Varón Cotrino, del partido Cambio Radical, dijo durante la exposición del proyecto que el objetivo principal este, expresado en 68 artículos, es “generar unas condiciones diferentes para que los vándalos sean castigados y el ciudadano sea protegido y pueda acceder a su derecho a la seguridad”.
Varón Cotrino recalcó que, “este proyecto permite atacar ciertos hechos, el ciudadano del común le teme a salir a la calle porque teme perder la vida por un hurto”.
Por su parte, Julián Gallo, del partido Comunes, manifestó que “en el proyecto se hace referencia a aspectos que no tocan realmente la seguridad ciudadana”.
Mientras que el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, afirmó: “Con este proyecto, lo que se pretende no es generar un estado de tranquilidad y seguridad ciudadana, sino convertirnos en una sociedad donde impere el uso de la fuerza, totalmente desproporcionado”.
En este mismo sentido se expresó el senador Roy Barreras Montealegre: “Este es un proyecto verdaderamente atrabiliario, podríamos llamarlo el proyecto ‘Turbay’ porque revive el estatuto de seguridad y lo empeora”.
Finalmente, para el senador Jorge Robledo Castillo (partido Dignidad), “este proyecto da legalidad a formas que hoy existen de justicia por propia mano, pero que están en la ilegalidad”.