El Senado de la República asumirá en tercer debate el estudio del proyecto de ley que busca poner un alto a los casos de enfermedades graves y muertes causadas por la aplicación de sustancias no permitidas en cirugías estéticas.

La iniciativa autoría de los congresistas Norma Hurtado Sánchez y José Daniel López tiene el respaldo de diversos sectores políticos, distintos profesionales de la Medicina y de las víctimas de estas prácticas.

De acuerdo con la iniciativa, se establece una pena de hasta nueve años de cárcel, sanciones económicas y la inhabilidad para ejercer durante diez años, si quien aplica estas sustancias es un profesional de la salud.

De la misma manera, si el delito causa afectaciones en la salud mental y física, la pena privativa de la libertad podría ser hasta de dieciséis años, con inhabilidad para ejercer como trabajador de la salud hasta por trece años.

Prevé, además, tipificar la aplicación de biopolímeros como un delito en el Código Penal. El castigo implicaría de 20 a 110 meses de prisión, el pago de 100 a 200 SMLV y agravantes en la pena si es un médico el que comente el delito. Actualmente, esta práctica se judicializa como lesiones personales.

El proyecto prevé en su articulado la inclusión en el Plan de Beneficios de Salud el retiro de dichas sustancias, siempre y cuando su permanencia en el cuerpo humano impida la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas.

“Reconocemos que el derecho a la salud de las víctimas se ve vulnerado cuando no acceden de manera oportuna a un tratamiento integral, hecho que las puede dejar con pérdida total de su capacidad funcional y mental para poder realizar actividades de la vida diaria”, señaló la representante a la Cámara Norma Hurtado Sánchez.

A través de su cuenta en Twitter señaló, además: “Seguimos avanzando en nuestro proyecto de ley Colombia sin biopolímeros, aprobamos en segundo debate en Plenaria Cámara. Por el bien de los colombianos que se han visto afectados, es necesaria la prevención y sanción de este flagelo” (sic).

Al justificar la iniciativa, la congresista señaló que en 2019 Colombia ocupó el doceavo puesto a nivel mundial en la realización de procedimientos estéticos, con un total de 413.519 cirugías realizadas, cifra que, según dijo, tal vez no refleja la realidad de las personas que son sometidas a la aplicación de sustancias como aceite de carro, parafina, aceite de cocina, guayacol, grasa animal, entre otras.

“Aprobado en 2/4 debates el proyecto Colombia sin biopolímeros, que busca incluir en el POS la recuperación de víctimas de estas sustancias, la mayoría mujeres, que por desconocimiento y/o engaños están condenadas a sufrir consecuencias que limitan todas las áreas de su vida”, señaló por su parte el congresista José Daniel López.

De acuerdo con el texto del proyecto, estas se constituyen en sustancias modelantes ilegales que “se utilizan para modificar la anatomía humana con fines estéticos, buscando corregir arrugas, pliegues, realzar partes corporales y retocar defectos de la piel”.

Igualmente, señala que la aplicación de estas puede generar enfermedades como:

- Hematoma, eritema, edema.

- Infecciones (relacionadas con las condiciones de asepsia).

- Necrosis.

- Inflamación no específica.

- Alergia, eritema.

- Pigmentación.

- Granulomas.

- Migración de sustancias.

- Muerte.

Según los autores de la iniciativa, la aplicación de estas sustancias no solo afectan la salud e incluso la vida de las personas, sino que una eventual atención especializada se dificulta ya que:

- No existe un tratamiento médico establecido.

- Se requiere extracción quirúrgica de la sustancia.

- Se necesita una técnica de extracción de la mayor cantidad de siliconomas y de material de infiltración posible.

- Colocación de colgajos o injertos.

“Esta iniciativa pasa a sus dos últimos debates en el Senado de la República, por lo cual estaré gestionando su rápida aprobación para que se convierta en realidad y redunde en un beneficio para las víctimas”, dijo la congresista Hurtado.

Finalmente, dijo que debe “haber castigos efectivos para las personas inescrupulosas que han dañado muchas vidas lucrándose del negocio de biopolímeros y sustancias modelantes no permitidas en procedimientos estéticos”.