La Fuerza de Respuesta Social Anti-corrupción –FUERSA–, en alianza con Cuestión Pública, readicó en la tarde de este jueves una petición al presidente del Senado, Lidio García, así como a todos los senadores, en la que piden responder sobre posibles donaciones de campaña, acreencias o relaciones comerciales de estos con empresas del Grupo Char, lo que configuraría un conflicto de interés para los senadores.
Teniendo en cuenta que Arturo Char sería el próximo presidente del Senado, este jueves la plataforma instó a los parlamentarios a rendir cuentas, sobre la adquisición por parte de algunos senadores de la República de préstamos o transacciones comerciales relacionadas con la compra de inmuebles y contratos comerciales con empresas del Grupo Char. Quienes firmaron la petición, cuestionan las posibles relaciones de algunos senadores con las empresas del Grupo Char, entre ellas Serfinanza S.A; Supertiendas, Droguerías Olímpica, Organización Radial Olímpica; Empaques Transparentes; Laboratorios Best; Aeropuertos de Oriente; Sonovista Publicidad; Constructora Portales Urbanos; Acondensa S.A. y Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. entre otras.
Según la organización, algunos de los senadores que podrían presentar un conflicto de intereses estarían Luis Eduardo Diazgranados, Fabián Castillo, Antonio Zabaraían, Eduardo Pulgar Daza, hoy señalado en el escándalo por un supuesto soborno a un juez, Daira Galvis y Laureaño Acuña. Por estas razones, le solicitaron a los senadores es “abstenerse de participar en la deliberación y votación en caso de que el senador Arturo Char sea postulado por el partido Cambio Radical (…) Es menester advertir que se podría estar incurso en un posible conflicto de interés. Dicha situación podría ser conducente a un posible proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado”, aseguraron.
La Fuerza de Respuesta Social Anti-corrupción –FUERSA, insiste en que la votación por el nuevo presidente del Senado, debe estar basada en la idoneidad del candidato y el mérito para ocupar el cargo. Finalmente, el documento señaló que “estamos en un caso evidente de potencial captura institucional de una de las posiciones más importantes para cualquier democracia, a saber, la Presidencia del Senado, por los intereses económicos de un senador candidato a dicho cargo y de algunos senadores que votarían por él”.