Con cifras en mano, el magistrado Hugo Alexander Ríos, presidente del Tribunal de Bogotá, les salió al paso, en representación de los jueces de control garantías, a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, que reprochó las decisiones de la justicia respecto de la libertad de personas procesadas en la capital.
La declaración del magistrado se da luego de un nuevo reclamo de la alcaldesa López por decisiones judiciales que generaron la libertad de delincuentes, en las que señaló: “¿Entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados?”, y agregó: “Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán?, ¿que sale más barato una vida menos?”.
En criterio de los jueces y en voz del presidente del Tribunal de Bogotá, la alcaldesa está mal informada o no tiene las cifras que demostrarían cómo no es responsabilidad de la judicatura que muchas personas capturadas queden en libertad. Se trata de procesos ajenos a los jueces.
“Le pedimos a la alcaldesa de Bogotá que deje las agresiones en contra de los jueces, la estigmatización por las funciones propias que ejerce la judicatura y no endilgue responsabilidades, pues claramente no es su competencia y se estaría extralimitando”, dijo el magistrado y presidente del Tribunal.
El magistrado aseguró que hicieron un trabajo detallado en compañía de la Fiscalía General de la Nación para determinar cuál es la situación real y las cifras que actualmente se manejan en la justicia sobre las personas capturadas y procesadas por diferentes delitos en Bogotá.
Ese balance llevado a cifras advierte que de 8.271 personas que son capturadas por delitos como hurto calificado y agravado, más de 6.100 quedaron en libertad en la primera etapa del proceso judicial, es decir, cuando la Fiscalía recibe los capturados de manos de la Policía.
“Esto quiere decir que a los jueces de control de garantías en Bogotá llegaron por lo menos 2.085 personas capturadas, en otras palabras, el 25 % del total de capturados entre enero y octubre de este año llegaron ante los jueces para completar el proceso de judicialización”, explicó el magistrado.
Según el presidente del Tribunal de Bogotá, del total de personas que fueron presentadas ante el control de garantías, más de 1.000 resultaron con medidas de aseguramiento privativas de la libertad y apenas un pequeño porcentaje quedaron en libertad por diferentes razones, entre otras que no cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento.
“La jurisprudencia permite que, si alguien no está de acuerdo con las decisiones que toman los jueces, interpongan los recursos de ley necesarios, pero no en el escenario político, no pueden incluir a los jueces en ese debate pues la justicia hace parte de las ramas del poder público y goza de la independencia”, advirtió el presidente del Tribunal de Bogotá.
El magistrado aseguró que no entiende ni sabe de dónde saca las cifras la alcaldesa Claudia López, por eso se tomaron el trabajo de analizar, de trabajar con las autoridades para actualizar el listado y darlo a conocer de manera detallada al país y a la propia mandataria.
Las cifras, según el presidente del Tribunal, fueron compartidas al secretario de seguridad del Distrito, Aníbal Fernández de Soto, para que las exponga a la alcaldesa y a partir de allí puedan realizar un debate con la evidencia y con el soporte o argumento real de lo que ocurre en la ciudad de Bogotá.