La Fiscalía no se quedó de manos cruzadas, luego de que un juez, de manera sorpresiva, le otorgó este lunes la libertad a Andrés Sepúlveda, el hacker que habría interceptado ilegalmente los diálogos que el Gobierno adelanta con las FARC, en La Habana, Cuba. Después de quedar en libertad, los fiscales estructuraron una nueva imputación de cargos y presentaron otras evidencias sobre las presuntas actuaciones ilegales de este hombre, quien nuevamente fue capturado y llevado la tarde de este martes -pocas horas después de haber quedado libre- a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde se llevó a cabo una audiencia de legalización de captura. Allí se le imputaron los los delitos de espionaje, concierto para delinquir, uso de software malicioso, violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas, conductas que no aceptó. La juez ordenó medida de aseguramiento contra Sepúlveda, quien se espera sea recluido en el búnker de la Fiscalía por razones de seguridad. Tras conocerse la decisión durante una audiencia que duró casi ocho horas, la medida fue apelada por la Procuraduría y la defensa del acusado. La interceptación ilegal de los diálogos que se desarrollan en La Habana entre las FARC y el Gobierno fue uno de los principales cargos que la Fiscalía le endilgó al hacker Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, durante la nueva imputación que le realizó la noche de este martes. Según la fiscal 56 delegada ante el CTI, el hacker concertó con otras personas, entre ellas el ecuatoriano Daniel Bajaña Barragán y el español Rafale Revert, para penetrar ilegalmente diferentes bases de datos, como las de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la del Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA). “Usted, al acceder abusivamente al correo de alias ‘Boris’, jefe de comunicaciones de las FARC en las negociaciones que se adelantan en La Habana, pudo haber llevado a que acabaran los diálogos que se adelantan desde hace dos años”, dijo la fiscal. Según se dijo durante la audiencia, Revert presentó ante el ente investigador, en su calidad de testigo, pruebas entre las que hay una copia de una fotografía donde se observa a alias ‘Boris’ con el representante a la Cámara Iván Cepeda y otras personas, con la cual se podría desmontar la infiltración a los diálogos de paz. “Me devolvió la confianza” La Fiscalía General puso de presente como prueba ante la juez décima de garantías algunas conversaciones que sostuvo Sepúlveda a través de Skype con Bajaña –también capturado y procesado por estos hechos- en las cuales tocaban temas relacionados con la presencia y actividad de las FARC en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador. Además del diferendo limítrofe por San Andrés y el proceso de paz. “Efectuaron un acuerdo de voluntades para indebidamente divulgar secreto político y militar con división de trabajo, correspondiéndole a usted (Sepúlveda) la obtención de información para posteriormente divulgarla en la página dialogosavoces.com”, dijo la fiscal. En su extensa intervención, la delegada aseguró que muchas de las pruebas fueron entregadas por Revert. El español es considerado el principal testigo del ente acusador y se encuentra protegido por las autoridades debido a las amenazas que ha recibido. En una de las conversaciones dadas a conocer por el órgano persecutor, Sepúlveda le dice a Bajaña: “Le confieso que estaba un poco nervioso porque no tenía un buen equipo de hackers, pero usted me devolvió la confianza”. Otra de las pruebas puestas presentadas es el informe número nueve del CTI derivado del allanamiento a la oficina de Sepúlveda. Se trata de una memoria USB en la que hay imágenes de los negociadores de las FARC en La Habana que, según la delegada del ente investigador, fueron divulgadas en la página dialogosavoces.com. “Datos exclusivos de las agencias del Estado, bases de datos de la Policía, el Ejército y de reinsertados desde 1993 al 2008. Se observa cómo se trata de documentación clasificada que no tiene que estar en manos de nadie diferente a la Policía o el Ejército; o de quien haga las veces de inteligencia oficial”, señaló. Según la Fiscalía, el hacker y su grupo de trabajo tenían información recopilada de manera ilegal de los frentes 23 y 53 del Estado Mayor y del Bloque Oriental de las FARC. Además de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y las denominadas bandas criminales (Bacrim). También se dijo durante la imputación que Sepúlveda, con un programa sencillo, interceptó la cuenta de Twitter del presidente Juan Manuel Santos y luego de que este publicó un tuit referente a los diálogos de paz, con cuentas falsas en la red social se dispararon en su contra con lluvia de críticas. Además, la Fiscalía aseguró que la campaña del candidato-presidente fue interceptada con un software malicioso. El ente investigador agregó que el hacker, en compañía de otras personas, "produjo un software malicioso o virus" que buscaba interceptar a la Dirección de la Policía. "Es un software que se encuentra a través de un código de internet que la Dipol descargó y se usó para poder hacer las interceptaciones", explicó la delegada. La posición de la Procuraduría Pese a que el representante de la Procuraduría General le lanzó un salvavidas a Sepúlveda, en el cual solicitó a la jueza décima de garantías de Bogotá decretar ilegal su captura, la funcionaria estimó que el procedimiento de la Fiscalía estuvo ajustado a la normatividad. La Fiscalía General pidió la legalidad para su procedimiento de captura realizado la mañana de este martes en el apartamento de Sepúlveda, solo siete horas después de que la juez décima de conocimiento de Bogotá anuló la imputación hecha hace un mes y la medida de aseguramiento que lo mantenía detenido. Según el representante del órgano de control disciplinario, la aprehensión del hacker sólo siete horas después de que fue dejado en libertad por la juez décima de conocimiento de Bogotá Teresita Barrero, por falta de pruebas, fue desproporcionada. “El Ministerio Público considera que la captura es desproporcionada, en la medida en que el señor Sepúlveda estaba en su casa, no estaba cometiendo un delito y estaba regresando al seno de su hogar del cual estaba separado hace un mes y tres días y no podía fugarse porque estaba custodiado por dos guardias del CTI”, explicó. Además, añadió que Sepúlveda no podría obstruir la justicia porque los principales testigos del caso, que son los hacker Rafael Revert y Daniel Bajaña, ya declararon ante las autoridades. “Que él tenga la capacidad técnica para acceder a base de datos... pues toda la publicidad que se le ha dado muy seguramente los expertos de informática ya habrán blindado sus sistemas y no consideró que sea un peligro para la comunidad. Por lo que solicitó que no se imparta legalidad a la captura”, indicó. Pruebas claves El ente investigador se basó en información suministrada por una fuente anónima que daba cuenta del proceder ilegal que al parecer adelantaba Sepúlveda en su oficina, en un exclusivo sector en el norte de Bogotá. “Una persona que no quiso suministrar su identidad aportó información sobre dos inmuebles, el apartamento y la oficina, que señaló como los lugares de residencia y de trabajo de Andrés Fernando Sepúlveda, quien se dedicaba a interceptar a los negociadores de La Habana con fines de sabotaje”, explicó la fiscal. La delegada del ente investigador dijo que se incautaron numerosos elementos materiales probatorios de carácter tecnológico y documentales, los cuales expertos del CTI analizan. “Se recibió diligencia de interrogatorio al señor Andrés Sepúlveda y una declaración juramentada al español Rafael Revert; (Además) informes del CTI que confirman la realización de conducta ilícitas por parte de Sepúlveda y varias personas más”, dijo. Según la funcionaria, la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios que permiten inferir la responsabilidad de Sepúlveda en los delitos imputados. La defensa aseguró que la captura de su cliente es una burla a la judicatura porque una juez de la República determinó dejar en libertad Sepúlveda, ya que no habría elementos materiales probatorios de peso. “Declara la nulidad de una imputación y obviamente que la Fiscalía tenía que volver a solicitar la imputación. Pero ordenan su captura, no se dejó materializar su libertad. El señor Fernando Sepúlveda pide protección al CTI y a la Policía. El CTI lo lleva a su casa y dos personas se quedan custodiándolo, pero no con el fin decapturarlo. A las 6:00 a. m., los dos custodios salen y entran los otros a capturarlo. Se le están violentando los derechos a una persona porque no se materializó la libertad”, puntualizó.