Desde este lunes empezó formalmente el juicio en contra del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo por su presunta participación en las irregularidades en la firma de un contrato de “sustitución de deuda” en diciembre de 2013. La Fiscalía acusó al exmandatario por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros a título de autor.

En este sentido se advirtió que el contrato avaluado en 98 millones de dólares firmado con el Banco Corpbanca Colombia S.A. y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) buscaba pagar las deudas que tenía la Gobernación. Sin embargo, cuando se iba a realizar el respectivo pago del préstamo el precio del dólar había triplicado su valor situación por la cual se presentó un sobrecosto en la reparación.

A primera hora de la audiencia celebrada este lunes, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctimas al Departamento de Antioquia, la Contraloría General de Antioquia y la Contraloría General de la República. Esto al considerar que se pudieron haber visto afectadas con los hechos que rodearon la celebración del millonario contrato.

Para la Fiscalía General, Fajardo incumplió varios de los requisitos que exige la contratación pública. Estas irregularidades se pueden resumir en tres puntos principales: Primero, el entonces mandatario celebró el contrato en dólares de manera injustificada y sin tener en cuenta la volatilidad del cambio del precio de la monedad que al final lo resultó afectando.

Según las pruebas recolectadas, en el mismo contrato se fijó el desembolso, pago de intereses y capital en moneda nacional, lo que afectó considerablemente el pago. Para el ente investigador, teniendo en cuenta esta naturaleza es evidente que fue un crédito público externo (porque se hizo en dólares) lo que obligaba a tener el concepto del Ministerio de Hacienda (decreto 2681 de 1993), lo cual no ocurrió.

Para el fiscal del caso, no se tiene una justificación clara sobre el hecho que motivó a que se celebrara el contrato en monea extranjera y se fijara el desembolso en pesos colombianos. Por estos factores –resalta el escrito de acusación- se presentó una afectación en las finanzas del departamento de Antioquia ya que al final del mandato de Fajardo el dólar había triplicado su valor.

El daño patrimonial fue avaluado en 98.433 millones de pesos a cierre del 31 de diciembre de 2015 –fecha en la que finalizó el periodo de Fajardo como Gobernador-. Para la Fiscalía General, pese a su preparación académica y las recomendaciones, el mandatario departamental desconoció la devaluación del dólar.

El otro aparte de la recriminación de la Fiscalía tiene que ver con el desconocimiento de la advertencia hecha por el Comité Financiero y de Tesorería Departamental sobre la línea de redescuento en dólares hecha por Findeter S.A. frente a la forma de financiamiento, alternativas de mercado, conveniencia financiera y fiscal de la operación como lo exige la ley.

Teniendo la obligación y competencia para adelantar una evaluación razonada y técnica, el Gobernador no lo hizo y continuó con el proceso de celebración y ejecución del millonario contrato. Estas omisiones –resaltó el fiscal- afectaron gravemente las finanzas del departamento y un detrimento en su patrimonio.

Mauricio Pava, abogado de Sergio Fajardo, le solicitó a la Fiscalía General que adelante el descubrimiento probatorio en lo que tiene relación con la denuncia que presentó el entonces gobernador de Antioquia, Luis Perez; así como el conocimiento del actual contralor, Carlos Felipe Córdoba; y las acciones que adelantó en 2016 entonces fiscal Luis Gustavo Moreno –considerado hoy por hoy como el testigo clave del escándalo del ‘cartel de la toga’-.