El pasado 6 de mayo, y tras avalar la ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la modificación de la Ley de garantías que había sido avalada por el Congreso de la República en octubre de 2021. El alto tribunal consideró que lo que ahí se había avalado no se ajustaba a la Constitución Política de Colombia.
En el debate jurídico se encontró que la mencionada reforma tenía una falla en el trámite de la ley, puesto que se presentó como ordinaria cuando debía hacerse como estatutaria. El alto tribunal fue más allá y ordenó devolver el dinero que ya se desembolsó entre las entidades estatales.
La reforma, que se había presentado dentro de la Ley de presupuesto, les permitía a los alcaldes y gobernadores del país realizar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación durante todo este año y en plena época electoral.
Esta reforma fue cuestionada desde diversos sectores, puesto que quitaba el limitante que existía de efectuar contrataciones en los años electorales para dar garantías y transparencia al proceso.
Por esa razón, el candidato presidencial Sergio Fajardo acudió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para denunciar al presidente Iván Duque por un presunto prevaricato por acción al promover y sancionar la Ley del presupuesto nacional, en la cual fue modificada la Ley de garantías.
“Conforme lo previsto por el artículo 165, el presidente de la República tiene la competencia para objetar un proyecto de ley cuando encuentre que es inconstitucional o inconveniente. Las objeciones pueden ser presentadas por la totalidad de los artículos de un proyecto de ley o por algunos de ellos”, dice un aparte de la denuncia.
La denuncia está firmada por Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo e Iván Marulanda. En las once páginas que se radicaron en la Comisión de Acusación, se asegura que el presidente Iván Duque “actuó con dolo”, porque antes del trámite legislativo se advirtió sobre las consecuencias de seguir legislando con ese error de fondo.
“Iván Duque Márquez es abogado de profesión y se desempeñó durante cuatro años como Senador de la República, por lo tanto, era conocedor de que el artículo 152 de la Constitución política establece: “Mediante las leyes estatutarias, que el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección; b) Administración de justicia; c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. e) Estados de excepción. f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la Ley”.
Por esa razón, para Fajardo y los integrantes de la coalición Centro Esperanza, no es creíble que el presidente Duque no conociera el vicio de constitucionalidad que existía y que finalmente tumbó la Ley de garantías. “A pesar de eso, sancionó la totalidad de la ley sin objetar el artículo de marras”.
A juicio de los denunciantes, el comunicado que expidió la Corte Constitucional, en el que se ordenan efectos retroactivos para los convenios suscritos, traerá un gran número de demandas civiles contra la nación “que seguramente terminaremos pagando todos los colombianos con nuestros impuestos y de eso será corresponsable el Señor Presidente de la República, por no haber objetado el varias veces mencionado artículo 124 de la Ley 2159 de 2021″.
Ahora la denuncia llegará al despacho de la presidencia de la Comisión de Acusación, desde donde se hará el reparto para que uno de los representantes investigadores revise la denuncia y determine si hay mérito para abrir una indagación preliminar. En todo caso, el estudio de esta denuncia podría tardar bastante tiempo, porque el 20 de julio llegarán los nuevos integrantes del Congreso de la República y otro legislador conocería el caso.