La decisión de la Contraloría que confirma la responsabilidad fiscal de Sergio Fajardo, junto con otros 25 actores, en las irregularidades en Hidroituango deja al exgobernador de Antioquia herido políticamente. Si bien aún cuenta con algunas salidas jurídicas, tendrá que cargar con esta cruz a cuestas en plena campaña electoral. El fallo obliga al exgobernador y al resto de responsables fiscalmente a pagar alrededor de 4,3 billones de pesos, que se habrían perdido por cuenta de las irregularidades detectadas en el diseño y construcción de esta hidroeléctrica.
Más allá de la exorbitante cifra mencionada en la decisión, el fallo de la Contraloría, según indica la Ley 734 de 2002 que contiene el Código Disciplinario, da una inhabilidad por cinco años para que una persona pueda posesionarse o ejercer cargo público hasta tanto la sanción sea levantada o se pague el dinero por el cual fue sancionado. “Esto quiere decir que Fajardo puede continuar como candidato presidencial, pero, si llega a ganar y no se ha resuelto lo de la sanción, no se podrá posesionar”, explicó el abogado y exregistrador para asuntos electorales Alfonso Portela, en diálogo con SEMANA.
Sin embargo, la defensa del precandidato, el abogado Mauricio Pava, anunció que tiene un as bajo la manga, pues, según argumentó, el fallo emitido por el ente fiscalizador aún no tiene efectos jurídicos hasta que el Consejo de Estado revise la legalidad del fallo y la actuación.
Esta carta, no obstante, podría no ser la ganadora, ya que el Consejo de Estado, como lo expuso el abogado de la Universidad del Rosario especializado en asuntos disciplinarios Jesús González, “está emitiendo autos que optan por no ejercer este control automático al considerar que es inconstitucional”. En esta posición coincide Portela, quien explicó que, si bien la Ley 2081 de 2021 indica que el alto tribunal debe efectuar el denominado control de legalidad –es decir, revisar el fallo–, en la práctica no se está haciendo. “Ya en varios fallos el Consejo de Estado ha dicho que esa norma que hace referencia al control de legalidad en estos casos es inconstitucional y les ha devuelto a las Contralorías esos fallos”, argumentó Portela.
De hecho, el Consejo de Estado emitió un auto el pasado 29 de junio, conocido por SEMANA, en el que confirma su decisión de “inaplicar los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021”, los que hacen referencia al control automático de legalidad.
Los caminos
Esto no significa que Fajardo quede por fuera de la carrera presidencial, aún le quedan varios caminos jurídicos. “Puede acudir a una acción de tutela teniendo en cuenta la inminencia de la elección presidencial, argumentando que se le está violando el derecho a la participación política”, indicó Portela.
La otra opción sería acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma instancia a la que apeló Gustavo Petro cuando fue sancionado por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. “Allí puede argumentar que, como ya lo ha indicado este tribunal, solo una decisión penal puede limitar el derecho político a ser elegido, es decir que la Contraloría no puede inhabilitar a funcionarios elegidos popularmente”, indicó Rodrigo Sánchez, abogado y politólogo de la Universidad Nacional.
Por su parte, González considera que el camino más viable debe ser acudir al Consejo de Estadio mediante una “nulidad y restablecimiento del derecho, con medida cautelar de suspensión de los efectos del fallo”. Esto, mientras el alto tribunal revisa de fondo el tema, algo que puede tardar bastante tiempo.
Tormenta política
Más allá de los efectos jurídicos, la decisión de la Contraloría sí tiene un impacto inmediato: la campaña electoral. Fajardo ha construido su discurso político alrededor de temas como la educación y la transparencia en los asuntos públicos. Con el fallo, más allá de su eventual responsabilidad en el caso, se pone un lunar sobre lo que ha sido su carrera. Incluso, el hecho de que el asunto no esté del todo resuelto desde el plano jurídico puede jugarle en contra en el plano político, pues deberá cargar con la cruz de las dudas que se generan sobre su eventual responsabilidad. No se puede olvidar que este anuncio ocurre a pocas horas del cónclave que sostendrá este domingo la Coalición de la Esperanza, en la que Fajardo es protagonista.
Esta convergencia ya emitió un comunicado en el que reitera “su plena confianza en la trayectoria transparente” del hoy precandidato. No obstante, tal como lo aseguró la politóloga Natalia Hernández, de la Universidad Sergio Arboleda, también puede darse el efecto contrario: “Fajardo puede pasar de crucificado a mártir, y esto le da más votos”. ¿Qué papel jugará el exgobernador?