Sergio Fajardo ganó un nuevo round en el proceso penal que se le adelanta por las presuntas irregularidades en la firma de un contrato por 98 millones de dólares cuando fungía como Gobernador de Antioquia. Este miércoles 21 de septiembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le dio 15 días a Findeter para enviarle a la defensa del exmandatario una serie de pruebas documentales.
La Sala avaló las pretensiones de la defensa de Fajardo y ordenó que se les entregue la minuta definitiva del crédito celebrado con Banco Corpbanca Colombia en el marco de la operación de descuento en la que fue beneficiaria el departamento de Antioquia en el año 2013.
Igualmente, Findeter deberá informar cómo fue registrada en su balance la operación de crédito para el fondeo de recursos que respalda la línea de descuento en dólares ofrecida para diciembre del 2013.
Además, se deberá realizar la entrega de la copia del contrato marco de descuento suscrito entre el Instituto de Desarrollo de Antioquia y Findeter. En los documentos también se deberá anexar las solicitudes de descuento diligenciado y presentadas por Corpbanca y el Instituto de Desarrollo de Antioquia, relacionadas con la operación de la que fue beneficiario dicho departamento en el año 2013.
La Sala Penal también ordenó que se realice la respectiva entrega del formato de información bancaria de moneda extranjera, diligenciado y presentados por Corpbanca y el Instituto de Desarrollo de Antioquia, así como informar cómo fue registrado en su balance la operación de descuento en la que participó el banco como intermediaria.
La defensa de Fajardo indicó que estas pruebas les habían sido negadas por Findeter acogiéndose a uno de los parágrafos que establece la restricción de información de recursos públicos. El abogado del exmandatario departamental sostuvo que estas pruebas son clave para su estrategia de defensa ante la Corte Suprema de Justicia.
En esta se esgrime que existió una petición para la sustitución de la deuda celebrada con la Gobernación de Antioquia y las entidades, en medio de la celebración del polémico contrato. Fajardo enfrenta un juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros (a título de autor).
Según el escrito de acusación, el entonces gobernador tenía conocimiento de las complicaciones que se podrían presentar si se firmaba el contrato en dólares y no en pesos colombianos. Esto, debido a los constantes cambios en la moneda, lo que podría aumentar el valor total del contrato cuando se quería hacer el respectivo pago, afectando así el patrimonio.
La Fiscalía General sostuvo que Fajardo omitió por completo el concepto enviado por el Ministerio de Hacienda. Cuando se quiso cancelar la deuda, el valor era el triple al monto inicial, generando un daño patrimonial a las finanzas del departamento.
El ente acusador también indicó que Fajardo desconoció por completo la advertencia hecha por el Comité Financiero y de Tesorería Departamental sobre la línea de redescuento en dólares que le hizo Findeter S.A. frente a la forma de financiamiento, alternativas de mercado, conveniencia financiera y fiscal de la operación como lo exige la ley.
Por su cargo, Fajardo -reprochó la Fiscalía- tenía la obligación y competencia para adelantar una evaluación razonada y técnica; el gobernador no lo hizo y continuó el proceso de celebración y ejecución del millonario contrato. Estas omisiones -resaltó el fiscal- afectaron gravemente las finanzas del departamento y un detrimento en su patrimonio.