El pasado 10 de octubre hubo un elemento clave en el caso de Sergio Urrego. En una de las audiencias a las tres involucradas en el proceso, una de ellas informó que suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, con el que se convirtió en testigo estrella del caso.Se trata de Rosalía Ramírez, veedora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, quien aceptó los delitos de discriminación agravada y ocultamiento de pruebas a cambio de recibir beneficios judiciales y colaborar con la justicia. Esto último implica testificar en contra de las otras dos procesadas, la exrectora del colegio Amanda Azucena Castillo y la psicóloga Ibonne Cheque, quienes fueron acusadas por esos mismos cargos y el de falsa denuncia en contra de persona determinada.El preacuerdo estaba pendiente de ser avalado. Y este miércoles, en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, el juez 39 le dio luz verde. Con este pagará una condena de 27 meses de prisión domiciliaria por los hechos.Sergio Urrego es el joven estudiante del colegio Gimnasio Castillo Campestre que en el 2014 decidió lanzarse del centro comercial Titán Plaza porque estaba agotado del matoneo que le hacían las directivas de la institución educativa por sus preferencias sexuales.Su caso se ha convertido en uno de los símbolos de la necesidad de que los colegios tengan políticas frente a la discriminación por cuenta de la orientación sexual. Su caso llegó a la Corte Constitucional y motivó la orden de revisión a todos los manuales de convivencia que generó las polémicas cartillas de educación sexual del ministerio.En la Fiscalía el caso sigue su curso con miras a determinar la responsabilidad penal que tendrían las directivas del colegio en la muerte del estudiante.
Los hechosLos problemas para Sergio comenzaron en mayo del 2014, cuando el docente Mauricio Ospina le quitó un celular que mostraba una foto en la que se daba un beso con su novio, Danilo Pinzón, también estudiante del grado 11.Desde ese momento, las directivas se hicieron cargo del asunto y trataron una relación entre dos jóvenes como un problema psicológico. Incluso citaron a los padres de los menores de edad, todo porque en su manual de convivencia se prohíben “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares” dentro y fuera del colegio.“La mamá (Alba Reyes), que estaba en ese momento en Cali, voló inmediatamente al saber de esa situación y, con un retraso de 20 minutos en relación con la hora citada y tras la ausencia del padre de Sergio, Amanda Azucena Castillo Cortés, rectora del colegio, decidió no atender a la madre del compañero Sergio”, aclaró en ese momento un comunicado de Unión Libertaria Estudiantil, la organización anarquista a la que pertenecía Urrego.La primera decisión que se tomó en la institución fue no dejarlo asistir a clase hasta que llegara su papá, Robert Urrego. Luego, cuando ambos padres respondieron por su hijo y lo apoyaron en sus gustos personales, el colegio continuó con los obstáculos.Para dejar entrar a Sergio a la institución, le pidieron informes de acompañamiento psicológico. Al presentarlos, le respondieron que no cumplía los “parámetros requeridos”. Después, denunciaron a la señora Reyes por abandono familiar, puesto que viajaba frecuentemente a Cali, sin embargo, el ICBF descartó posteriormente que ese fuera el caso.Pero el peor golpe para Sergio fue la denuncia por acoso sexual que interpusieron los padres de su pareja.“La veedora del colegio, Rosalía Ramírez, y nuestra rectora dijeron que no podíamos tener gente como esa en nuestra institución”, dijo una compañera de Sergio, en diálogo con Blu Radio, poco tiempo después de los hechos.A pesar de que sus padres lo cambiaron de institución educativa, Sergio cargaba constantemente con la agonía de ser señalado de abusar sexualmente a un joven con el que tenía una relación consensuada. Así quiso demostrarlo antes de muerte, cuando les dejó a sus padres todas las pruebas de ellos, como pantallazos de sus conversaciones.De esta manera, según la Fiscalía, estos hechos sistemáticos llevaron a Sergio Urrego a decidir acabar con su vida y por eso la exrectora, la psicóloga y la veedora están compareciendo ante la justicia.