Este jueves 27 de abril la jueza 28 de Conocimiento de Bogotá rechazó la petición presentada por la Fiscalía General para precluir el proceso que se adelantó en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta presión a testigos.

Al respecto, Julián Quintana, abogado penalista, opinó sobre el caso, y enfatizó en que se deben respetar las decisiones de los jueces, pero envió una “crítica constructiva”.

“Yo pienso que la juez en cierto momento se equivocó y la fundamentación viene de un rezago que tenemos históricamente en el proceso penal y es el sistema inquisitivo. El juez en este pedazo no tiene por qué decirle: primero, adelantar su trabajo a la Fiscalía o cómo desarrollar la investigación”, dijo.

“Esto era un vestigio que teníamos en la ley anterior, que era mixta, donde el juez de Instrucción seguía las órdenes del juez de Conocimiento, que pedía efectuar la investigación porque le faltaba algo y pareciera que esta decisión entre dientes, lo que nos deja entrever es que precisamente se está volviendo a esa temática de esa línea que teníamos anteriormente, diciéndole un juez de Conocimiento cómo tiene que hacer el trabajo la Fiscalía”, agregó.

Y continuó: “Y creo que algo muy importante es, en sede de juicio oral, cuando hay una duda razonable frente a la responsabilidad de la persona, la decisión inexorablemente tiene que ser la absolución y este principio debía ser asignado en la solicitud de preclusión”.

“Es decir, si la juez tenía tantas dudas con referencia a la posible configuración del delito, es decir, una tipicidad, creo que la aplicación de este principio también debía triunfar en su decisión. Si había tantas dudas, lo más idóneo y razonable es aplicar la misma tarifa que hay en una decisión de juicio y en este caso sería la preclusión”, añadió.

Enfatizó en que el expresidente Uribe es completamente inocente, y la presunción se tiene que proteger, pero “el gran problema es que este proceso tiene una connotación política”.

Criticó la acción de la juez al invocar lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, pues Quintana aseguró que la decisión debía tomarla “con fundamento en los elementos probatorios que han puesto a disposición las partes, y en este caso la Corte no es una parte”.

Fue poco más de un año de diligencias, argumentos, exposiciones jurídicas, regaños, discrepancias, burlas y hasta compulsa de copias. La audiencia de preclusión fue un espectáculo judicial que incluso se recomendó a estudiantes de derecho. En el escenario virtual estaban grandes personalidades del derecho y las intervenciones estuvieron a la misma altura.

La jueza tuvo que lidiar con los intereses, las diferencias políticas y hasta fue víctima de amenazas e injurias. En la audiencia, la jueza fue pausada, mantuvo el orden y tuvo que llamarles la atención a personajes como el exfiscal Eduardo Montealegre y también al expresidente Uribe, que quiso cerrar la audiencia con un emotivo pero frustrado discurso.

En su decisión hizo un resumen desde que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al senador Iván Cepeda y, al contrario, ordenó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe. Luego se refirió a cómo pasó el proceso a manos de la Fiscalía, tras la renuncia de Uribe a su fuero como senador, y a las discusiones sobre bajo qué ley se cobijarían las actuaciones de la Fiscalía.

“La Fiscalía no logró demostrar la aticipidad de las conductas investigadas de fraude procesal en el caso de los testigos que fueron abordados por Diego Cadena y Juan José Salazar, para ser escuchados con los ofrecimientos económicos y de apoyos jurídicos”, señala la decisión.

La jueza anticipó que la lectura sería larga, al punto de que era necesario solicitar la ayuda del oficial mayor del juzgado para completarla. Los detalles fueron en minucia y con un momento especialmente largo para analizar la intervención de la Fiscalía con los seis hechos que, a su consideración, eran el soporte legal para pedir la preclusión en favor del expresidente Uribe.

“La Fiscalía se propuso tener en cuenta toda la actividad probatoria adelantada por la Corte Suprema de Justicia, considerando los argumentos expuestos por la Sala de Instrucción en el escenario que resolvió la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe, resaltó que en todo caso la actuación probatoria hecha por la Corte Suprema Justicia era en la necesidad de resolver una medida de aseguramiento”, dijo la jueza en su lectura.

La jueza transitó con cuidado por cada hecho enunciado por la Fiscalía. Fueron seis los expuestos por el fiscal Gabriel Jaimes en sus siete días de intervención, con los argumentos para insistir en la preclusión de la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal que se adelantó contra el expresidente Uribe.

Después de analizar los argumentos de la Fiscalía, la jueza pasó a los expuestos por las víctimas, la Procuraduría y la defensa. Todos fueron revisados antes de la decisión. La jueza leyó buena parte de las intervenciones y de cómo bajo su criterio era necesario continuar con la investigación o precluirla, según fuera el caso.

“La defensa denominó ‘elástica’ la calificación incluso utilizada por la defensa material en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez para afirmar que para el exsenador tampoco quedaba claro cuáles eran las conductas por las que se lo investiga, como se ha descrito. El desconocimiento de la imputación definitiva previo a la resolución de acusación es un efecto connatural al trámite de la investigación en el procedimiento de la Ley 600″, dijo la juez.