Este miércoles el procurador general, Fernando Carrilo, se pronunció sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró al Estado colombiano responsable de violar los derechos políticos de Gustavo Petro. De acuerdo con la Corte IDH, estos resultaron afectados por la sanción disciplinaria impuesta, en diciembre de 2013, por el entonces procurador Alejandro Ordóñez que lo destituyó como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos. La decisión, además, implica que el país deberá hacer modificaciones para que ningún funcionario elegido popularmente sea sancionado con la suspensión de sus derechos políticos por cualquier entidad que no sea judicial. Carrillo afirmó que esta sentencia puede llevar a realizar ajustes normativos, pero estos "jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra la corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente". El jefe del ministerio público afirmó que el país debe acogerse al plazo que concede la Corte IDH en el numeral 8 de la sentencia que indica que “el Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los plazos establecidos en la presente sentencia”, lo que implica que se deberá presentar a ese tribunal un informe sobre el cumplimiento de esta decisión.
Subrayó que ninguna de las actuaciones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en "un limbo jurídico", debido a que el ente de control "ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la Procuraduría General". Carrillo no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”. Colombia no puede hacer concesiones a la criminalidad El procurador indicó que la Corte IDH no ha sugerido “meterle la mano” a la Constitución de 1991, sino ajustar normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado. “Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”.
Sostuvo el jefe del Ministerio Público que la decisión de la Corte IDH no puede ser "una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar la batalla contra estructuras corruptas cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia".
“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”, dijo.