La reforma constitucional que legaliza la producción y comercialización de marihuana para uso adulto vive un momento paradójico en el Congreso: nunca antes en la historia del país un proyecto de este tipo había llegado tan lejos, está apenas a un debate de convertirse en realidad; pero, al mismo tiempo, a los promotores de esta propuesta se les puede quemar el pan en la puerta del horno, pues justo en el momento crucial no han logrado conseguir todos los votos para que se supere el último debate en la Plenaria del Senado.
La iniciativa debe pasar su octavo y último debate a más tardar el próximo martes 20 de junio, cuando finalizarán las sesiones ordinarias del Congreso. De no lograrlo, la reforma se hundirá.
Si bien hasta el momento el proyecto venía con buen ambiente, al llegar al momento definitivo en la Plenaria del Senado el asunto se ha venido enredando. Por un lado, los sectores de oposición, mediante proposiciones de aplazamiento, peticiones de audiencias públicas y otras movidas, lograron retrasar el inicio de la discusión.
Y luego, este jueves, cuando ya se iba a empezar a discutir el tema de fondo, los promotores del proyecto se dieron cuenta de que no tenían los votos para aprobarlo. Necesitaban el apoyo de mínimo 54 senadores y para ese momento tenían solo 49, lo que llevó al presidente del Senado, Alexánder López, a levantar la sesión. No obstante, esperan conseguir los votos que faltan durante el fin de semana.
En caso de llegar a aprobarse esta reforma, Colombia se convertirá en el tercer país, dentro de las 33 naciones de América Latina y el Caribe, en legalizar el comercio de cannabis para consumo en adultos. Ya previamente habían dado el paso México y Uruguay.
Hay que aclarar, en todo caso, que esto no será inmediato. La reforma no entrará en vigencia sino hasta “seis meses después de su promulgación”, pues en ese lapso, es decir, en el segundo semestre de este año, se deberá tramitar una ley reglamentaria para definir los detalles de la legalización: dónde se podrá comprar cannabis, quiénes lo podrán vender, cómo se otorgarán las licencias, etcétera. En otras palabras, antes de enero 2024 no estará lista la legalización de la marihuana en Colombia. Adicionalmente, el texto otorga seis meses al Gobierno para formular una política pública integral en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis.
Lo que sí quedó definido desde ya en el texto es que, a pesar de la legalización, estará prohibido hacer promoción y publicidad relacionada con el uso de cannabis. Asimismo, se “restringirá el consumo y comercialización de cannabis y sus derivados en entornos escolares, en espacios de atención a la primera infancia y en el interior de toda institución educativa”.
El texto, en caso de aprobarse, también faculta a los municipios para cobrar impuestos “por las distintas actividades relativas a la distribución o venta de cannabis para uso de adultos”. Los tributos tendrán como destinación los sistemas de salud y educación.
Mediante la ley reglamentaria se deberá determinar de cuánto podrá ser el monto de estos impuestos. Pero está claro que esta puede ser una buena fuente de recursos para los municipios. Según un estudio de Fedesarrollo, la marihuana podría generar más empleos y crecimiento para el agro colombiano que el banano y las flores. Se espera que para 2025 esta industria produzca más de 50.000 millones de dólares en el mundo.
“Desde que las restricciones respecto del cannabis se han levantado, en el mercado se ha dado mayor dinamismo; además, se espera que el sector otorgue aproximadamente 44.000 puestos de trabajo para 2030″, apuntó el representante Juan Carlos Losada, autor de la reforma.
Colombia está a punto de dar el paso más importante hacia la legalización, pero será la ley reglamentaria, que tendrá que ser prioritaria, la que blinde al país de que la solución no resulte peor que la enfermedad. El diablo está en los detalles.