Contundente. Así se puede describir la intervención de la procuradora Margarita Cabello en el cierre del Foro Colombia 2024, en el que fue enfática en la defensa de la entidad que ella dirige, y criticó sin ambages la paz total del presidente Gustavo Petro, el crecimiento de la minería ilegal, las reformas a la salud y pensional.

“Sepan una cosa, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, si me toca suspender o destituir a cualquier miembro de la estructura de servidores públicos de Colombia, lo haré, no cesaré en defender la existencia de un órgano necesario como es la Procuraduría General de la Nación. Cuento con ustedes”, fueron las palabras de la procuradora Cabello, al advertir el intento del Gobierno nacional de eliminar la entidad, a través de la reforma a la justicia que iniciará trámite en la legislatura que empieza.

“Aunque a algunos no les guste, ese alguien no es otra entidad que la Procuraduría General. En Colombia hay una institución encargada de vigilar, investigar, acompañar y sancionar, si hay que hacerlo, cuando los funcionarios públicos que juraron cumplir su deber y ejercen una infracción de carácter disciplinario”, agregó Cabello.

La negociación con bandas criminales

La procuradora, igual que como sucedió con otros panelistas como el fiscal Francisco Barbosa y el exministro de Defensa Gabriel Silva, fue muy crítica frente a la improvisación y falta de resultados y avances en las negociaciones de paz con las organizaciones criminales.

“¿Qué vamos a hacer para la seguridad con las conversaciones con estructuras criminales de alto impacto? Ustedes saben que estuvimos muy encima el año pasado y el anterior oponiéndonos a esa ley de sometimiento que gracias a Dios no pasó porque violaba totalmente las garantías de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario de protección a las víctimas”, dijo sobre el fallido proyecto presentado por el Gobierno, pero que tendrá que presentarse nuevamente.

“Hoy no hay un marco legal que garantice lo más importante en nuestro país, que son los derechos de las víctimas y el orden constitucional ilegal. No hay hoy garantías reales de reparación, no hay garantías reales de repetición para las víctimas, no cuentan las víctimas con un mecanismo de participación efectiva entre las conversaciones con estas bandas criminales o grupos ilegales al margen de la ley”, afirmó Cabello, dejando claro que la prioridad en la negociación o acuerdo deben ser justamente los afectados por el conflicto.

“Esas organizaciones criminales son las que están acabando en muchas de las situaciones con los líderes y las lideresas y las personas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los ven como una amenaza a sus intereses y como una amenaza a su control territorial recurriendo entonces a la violencia para mantener dicho control”, puntualizó la procuradora general.

Riesgo en contratación

Una de las iniciativas más polémicas del Gobierno, contenida en su plan de desarrollo, tiene que ver con la entrega, a dedo, de millonarios presupuestos para que sean ejecutadas por la población y juntas de acción en las zonas, lo que podría abrir un boquete para la corrupción y ausencia de control del dinero.

“Ese artículo da vía libre, pero no se define claramente qué se entiende por economía popular, quiénes son los actores de la economía popular. Ese artículo permite que las entidades del Estado puedan contratar directamente, y dice muy bonito, hasta por la mínima cuantía con dichos actores. No nos engañemos, la mínima cuantía depende del valor del presupuesto de la entidad y una mínima cuantía podrían ser 1.500 millones de pesos dependiendo del presupuesto de la entidad”, afirmó Cabello.

Y agregó sobre ese tema: “Eso se puede contratar directamente bajo la línea de contratación privada y eso es peligroso porque no hay control, y esa ambigüedad que autoriza el Plan de Desarrollo en la contratación directa abre las puertas a la ejecución indebida de los recursos y beneficia a actores que no deberían recibirlos”.

Reforma a la salud

La procuradora, con vehemencia, criticó la reforma a la salud que está haciendo trámite, pero además lanzó una cruda advertencia, y tiene que ver con la forma en que desde el Gobierno no están entregando el presupuesto para la salud y así asfixiar a las EPS.

“Ese modelo perjudica la garantía del Derecho Fundamental de la Salud. Nosotros también estamos vigilando, paralelamente a lo que les decía de afuera, y vemos, y ya lo hemos dicho, que se está causando una crisis financiera de salud que lleva implícitamente una reforma de hecho a la salud”, afirmó la procuradora Cabello Blanco.

Las alarmas que prende la procuradora –recordó– las ha venido planteando desde que empezó el trámite y sostiene que, luego de hablar con todos los actores del sistema de salud, la conclusión de todos es que es un proyecto que no conviene ni al país ni a los ciudadanos.

“El proyecto va hacia una estatización, pero es un proyecto que viene desarticulado, sin gestión de riesgos, sin estudios financieros, pretendiendo que se maneje por Secretarías de Salud en territorios donde, tenemos que reconocerlo, hay politización, y no tienen la capacidad administrativa, ni la capacidad técnica, ni la capacidad operativa ni la capacidad financiera para ejecutarlo”, afirmó la procuradora general.

La pensional

“Peligran los recursos de los ahorradores y lo más grave que entregarle a Colpensiones para que asuma el manejo de todo ese presupuesto sin tener esa capacidad técnica y operativa va a ser un dolor de cabeza”, advirtió la procuradora ante la iniciativa del Gobierno.

Cabello Blanco presentó tres preguntas frente al entendimiento de la sociedad en general frente a las consecuencias de las reformas propuestas: “¿Es viable que toda esa tormenta de reformas profundas que quieren hacer al mismo tiempo, todas aglomeradas y presentadas al mismo tiempo, puedan ser entendidas por la población?”.