El Código Civil colombiano entró en vigencia nada menos que en 1887, mientras que el Código de Comercio rige desde 1971. Ambos son el cimiento principal que sostiene buena parte del derecho privado del país. El atributo más resaltable de ambos —sobre todo del Código Civil— ha consistido en mantenerse presente a pesar de las variantes dinámicas que adquiere con el paso de los años el mundo globalizado. Ciertamente, la forma en la que los ciudadanos interactúan hoy en día dista mucho de como se manejaban los asuntos en la fecha en que se redactaron las normas. Y, aun así, las cátedras de derecho civil y derecho comercial han continuado impartiéndose con el contenido de estos códigos durante décadas.
Pero esta realidad está próxima a cambiar si una iniciativa llega a concretarse. Desde hace más de un año, un grupo de abogados adscritos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional viene trabajando en un proyecto de reforma al Código Civil, cuyo rasgo característico es unificar el régimen civil con el comercial en lo referente a obligaciones y contratos. José Alfredo Bonivento Fernández, Pedro Lafont Pianetta y Freddy Herrera Osorio son los juristas que encabezan este trabajo que fue compartido con diferentes universidades y el Ministerio de Justicia a finales del mes de junio. La propuesta no cayó bien entre algunos abogados que crítican el involucramiento del Código de Comercio en un intento de reforma del Código Civil. Según su criterio, este proyecto puede dar pie a la inseguridad jurídica y, por ende, a afectaciones severas en las relaciones comerciales. "No es extraño para nadie que el Código Civil amerita una revisión integral y estructural, para traerlo a los tiempos modernos. Lo que no puede ser admisible es que por cuenta de la actualización que requiere el Código Civil se modifique el régimen mercantil. Sobre todo porque nadie en la sociedad ni en la academia está reclamando una reforma integral al Código de Comercio colombiano, que goza de estabilidad, seguridad y confiabilidad para la sociedad colombiana e incluso para los inversionistas extranjeros", escribió recientemente en el diario financiero "La República" uno de sus grandes detractores, Camilo Martínez Beltrán, socio líder de la firma DLA Piper.
Sin embargo, ante la negativa de algunos elementos del mundo jurídico, la unificación de códigos cuenta con un espaldarazo bastante importante. El Gobierno nacional ya hizo público su deseo de que la iniciativa llegue a buen puerto y logre una eventual aprobación en el Congreso. El pasado 21 de julio, en un evento en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque anunció las iniciativas con las que aspiraba dar solución a diferentes problemáticas del sistema de justicia colombiano. Aspectos como la congestión en los despachos judiciales y las dificultades en el acceso a la rama judicial serían tratados a través de un paquete que la entonces ministra de Justicia y ahora procuradora general, Margarita Cabello Blanco, llevaría al Congreso. Pero eso no fue todo. El primer mandatario cerró su intervención con un claro respaldo al trabajo de Bonivento Fernández, Lafont Pianetta y Herrera Osorio. "La regulación en materia civil, en el mundo de hoy, necesita actualización, facilidad y también claridad y unificación con otros marcos normativos que contribuyen a la calidad de la justicia. Mucho más cuando vemos el papel preponderante que día a día adquiere el derecho comercial", afirmó Duque.
Posteriormente, empleando una serie de palabras que no dan lugar a la duda, el presidente se refirió al proyecto como si fuera propio de su gobierno. "Yo creo que el trabajo de los expertos, que esperamos que culmine en los próximos días, también nos permita presentar ante el Congreso de la República esa reforma al Código Civil", aseguró. Es por eso que llamó la atención un pronunciamiento exactamente contrario del Ministerio de Justicia, ahora en interinato, a cargo temporal de Javier Augusto Sarmiento, luego de que Margarita Cabello saliera en procura de la Procuraduría General, cargo que ocupará desde enero. El ministerio huérfano publicó un comunicado de prensa en donde aclaró que "no ha radicado ningún proyecto de ley" que busque la unificación de los códigos Civil y Comercial. Nada menos que un pronunciamiento desmarcándose de la idea que promulgó el presidente Duque. Contrariando lo dicho por el jefe de Estado, el comunicado añade que "tampoco lo ha incluido dentro de la agenda legislativa para el presente periodo".
Más adelante, la cartera admite que "en atención a la relevancia de los temas que aborda", ha contribuido en su socialización e incluso facilitado canales digitales institucionales para que se realicen comentarios sobre el proyecto. Pero, considerando que el ministerio niega que su relación con la reforma va más allá de una mera colaboración, persiste la duda de quién es el doliente de la iniciativa. Así mismo, el comunicado también abre otros interrogantes: ¿apoyará la bancada del Centro Democrático la unificación de códigos?, ¿qué posibilidades tiene de conseguir respaldo de otros partidos?, ¿qué postura tomara el Ministerio de Justicia de ahora en adelante? No es la primera vez que se realizan esfuerzos en torno a la unificación. En 2017, Carlos Abraham Jiménez López, senador de Cambio Radical, presentó un proyecto de ley que pretendía juntar los dos articulados, pero fracasó en el intento. A diferencia de lo hecho por los abogados de la Nacional, la reforma de Jiménez López murió sin generar mayor debate. ¿Qué dijo el ministro? El ministro de Justicia encargado, Javier Sarmiento Olarte, señaló a SEMANA que no existía contradicción alguna. Aseguró que, en efecto, una comisión de expertos viene trabajando en la revisión y actualización del Código Civil, pero que el borrador final no alcanzará a estar listo para la presente legislatura. "El proyecto se encuentra - como es normal para esta clase de reformas - en etapa de socialización con la comunidad jurídica, la academia, los gremios, y la ciudadanía en general" dijo Sarmiento Olarte. Concluyó expresando la pertinencia de la iniciativa ya que, así como afirmó el presidente Duque, la regulación civil del país necesita unificación con otros cuerpos normativos.