La Corte Constitucional debe resolver esta semana una nueva demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 1905 de 2018, por la cual se quiso regular el ejercicio de la profesión de abogado en el país. En su artículo primero, la ley estableció que para obtener la tarjeta profesional de abogado es necesario aprobar un examen de Estado ante el Consejo Superior de la Judicatura. Con este requisito el gobierno quiso aumentar la exigencia académica en las Facultades de Derecho y, con ello, la calidad de los abogados que ejercen la profesión. No obstante, desde un principio esta iniciativa recibió críticas de varios sectores, especialmente de las Universidades y Facultades de Derecho; lo que a su vez ha contribuido a que haya sido objeto de varias demandas que quieren tumbarla. En la más reciente de ellas, los demandantes le piden a la Corte Constitucional que anule la disposición que crea un examen de Estado para los abogados. Según argumentan, esta norma viola el derecho fundamental a la igualdad, al imponer un requisito a los nuevos estudiantes de derecho que no tuvieron que cumplir los que ya se graduaron; el derecho al trabajo, debido a que no es clara respecto de si se podrán realizar aquellas actividades para las cuales no se requiere tarjeta profesional; y del derecho a la autonomía universitaria, por cuanto son las universidades, y no el Estado, las que deben establecer y aplicar los recursos para el cumplimiento de su labor y función institucional. Le recomendamos: Corte Constitucional: estudiantes de Derecho sí deben presentar examen de Estado Esta demanda tiene enfrentados al ministerio de Justicia, que defiende la nueva ley y cuenta con el apoyo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con varias universidades, entre ellas la Universidad Externado, la Universidad EAFIT y la Universidad de los Andes, las cuales piden a la corte tumbar la ley. Para los primeros, el establecimiento de un examen para los abogados graduados no implica ninguna vulneración a derechos fundamentales, pues es perfectamente legítimo que la ley establezca filtros destinados a controlar el acceso y el ejercicio profesional de los abogados. Sobre la supuesta violación al derecho a la igualdad sostiene que esta no se presenta, pues quienes tienen un título de profesional de abogado cuentan con un derecho adquirido, a diferencia de quienes apenas se encuentran cursando la carrera. De ahí que sea posible la introducción de nuevas condiciones para el otorgamiento de un título. Respecto de las violaciones al derecho al trabajo y a la autonomía universitaria, sostienen que estos cargos también deben ser desestimados. Frente al primero, argumentan que en Colombia la abogacía es una profesión de carácter e interés público, lo que justifica que se establezcan requisitos tendientes a mejorar su calidad. Sobre el segundo, defienden que la Constitución otorga la posibilidad de otorgar nuevas funciones al Consejo Superior de la Judicatura, siempre y cuando se encuentren relacionadas con su objeto. De allí que pueda otorgársele la potestad de realizar este examen sin vulnerar la autonomía universitaria. Para las universidades estos puntos no son tan claros, y consideran que desde un principio no fueron consultadas sobre la conveniencia de esta medida. El principal reparo, sostienen, se encuentra en la afectación que esta norma tiene para el principio constitucional de autonomía universitaria. Las Universidades consideran que la imposición de este examen es una medida “desproporcionada y etérea, que limita el ejercicio de la profesión y altera el grado de autonomía con que cuentan las universidades para cumplir sus propios objetivos y funciones”. Lea también: Desde ahora, los estudiantes de Derecho deberán presentar examen de Estado La pelea está servida, y será la Corte Constitucional quien deba nuevamente decidir si efectivamente se sigue adelante con la idea de imponer una nueva condición a los abogados para ejercer su profesión o si, por el contrario, la norma se cae definitivamente. La decisión no es fácil, y en un país que cuenta con más de 100 facultades de derecho, con un promedio de 350 abogados por cada 1.000 personas, y con cuatrocientas mil tarjetas profesionales registradas en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, son muchos los intereses en juego.