El compromiso con la denominada ‘paz total’, por parte de algunos grupos armados, parece más una utopía que una realidad. Cabe recordar que, antes de acabar 2022, el presidente Gustavo Petro les anunció a los colombianos que pactó un cese al fuego bilateral con varios grupos criminales, pero este ha sido violado en varias ocasiones y, en el caso del ELN, dio un portazo y se negó a silenciar sus fusiles.
“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1.° de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, escribió el último día del año.
Sin embargo, el compromiso pareciera ser una cosa en la mesa de diálogo y otra en la realidad, o se quedó como una noticia de Navidad y nada más. Por eso, la Corporación Mil Víctimas, que reúne a varios miembros de la Fuerza Pública, emitió un comunicado contundente pidiendo que estas organizaciones armadas dejen cometer actos violentos contra la población civil, especialmente con armas indiscriminadas.
“Pedimos que, como condición para avanzar con el proceso de ‘paz total’ en nuestro país, grupos armados organizados se comprometan con el cese del uso de armas indiscriminadas, tales como minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, que han dejado al principio de este año más de 20 víctimas, siete de ellos miembros de la Fuerza Pública, en una grave infracción al DIH, que no distingue y pone en peligro a la población civil y al mismo tiempo causa daños innecesarios en las víctimas”, señala el primer punto del comunicado.
Y agregan: “Consideramos que el Estado y la sociedad colombiana deben unir esfuerzos por rechazar y eliminar el uso de armas indiscriminadas en nuestro territorio. El Gobierno colombiano está llamado a prohibir, controlar y eliminar estas armas prohibidas e igualmente garantizar una rendición de cuentas por los eventos de violación a derechos humanos e infracciones al DIH ocurridos en Colombia”.
De igual manera, piden al Gobierno nacional y a todas las partes involucradas en el conflicto, a tomar medidas para proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia y medidas de reparación: “En esa medida pedimos un compromiso más firme y vehemente en el marco de la protección de líderes de derechos humanos y representantes de víctimas en los territorios”.
“Las ONG y en particular la Corporación Mil Víctimas continuaremos trabajando incansablemente por los derechos humanos de todas las personas afectadas por el conflicto y hacemos un llamado a la solidaridad y apoyo de la comunidad internacional en esta importante cruzada”, concluyen.
Y es que el tema del cese al fuego ha sido una constante polémica. De hecho, luego del anuncio del presidente Petro en diciembre de 2022, tres días después, el ELN desmintió al mandatario y aclaró que no formaba parte de los acuerdos que había hecho el mandatario con las organizaciones ilegales y que, como dijo un expresidente, ‘el tal cese’ no existía.
Al día siguiente, el presidente Petro expidió los decretos a fin de parar las hostilidades con estos grupos que mostraron su voluntad de iniciar diálogos de paz. Son las reglas del juego en las que se establecen mecanismos de verificación y las instituciones que estarán encargadas de vigilar que todo se cumpla.
Lo que dice la Federación Nacional de Departamentos
La Federación Nacional de Departamentos (FND) se pronunció y respaldó al presidente en su intención de lograr la paz, pero aún esperan que haya un canal de diálogo con el Ejecutivo, para resolver las múltiples dudas sobre la aplicación del cese al fuego bilateral.
El común denominador es que los gobernadores están de acuerdo con que un cese de hostilidades es un alivio humanitario para los colombianos, pero les preocupa que no se ha dicho todo. Por ejemplo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, lleva un par de días señalando que las disidencias siguen atemorizando a los habitantes de la región. El viernes 20 de enero pidió a las autoridades verificar una información sobre panfletos en los que las disidencias citan a los habitantes de Vista Hermosa a una reunión de tres días, por lo que les pidió “dejar de joder a la gente”, que quiere vivir tranquila.
“El Gobierno debe ser firme y saber que no está negociando con angelitos y que ellos no malinterpreten las buenas intenciones del Ejecutivo. Que no vean la oportunidad para fortalecerse militarmente”, dijo Zuluaga.
Pero las preocupaciones van mucho más allá. Zuluaga contó que no hay una orientación clara por parte del Gobierno Petro para colaborar en el cese al fuego bilateral. Le genera extrañeza el silencio del Ejecutivo y no tiene claro qué hacer en caso de que las organizaciones ilegales violen el acuerdo. “En el Meta secuestraron a unos militares hace unos días y decían que eran campesinos, eso no fue cierto. Yo quiero que el Ejército siga en la zona. No queremos zonas de distensión ni zonas de despeje”.