Además de la dura situación que atraviesa Cartagena por cuenta de la emergencia del coronavirus, ahora el alcalde William Dau Chamatt también se enfrenta a una orden judicial que ordenó cinco días de arresto, debido a una demanda interpuesta por una ciudadana contra la anterior administración de la ciudad. Dau le dijo a SEMANA que en este momento los esfuerzos de la ciudad están concentrados en cubrir las prioridades de los habitantes de Cartagena, generadas por la crisis de la pandemia de la covid-19, como la alimentación. “Si tengo que ir preso, voy, pero primero están las necesidades surgidas para la atención de la emergencia”, afirmó. El arresto fue ordenado por Yuris Ponce Fernández, jueza tercera penal de Cartagena, por incumplir una orden judicial que busca garatizar los derechos fundamentales de una habitante de la ciudad, en medio de un proceso de demanda de subsidios de arrendamiento. Sin embargo, la oficina jurídica de la Alcaldía le confirmó a SEMANA que el alcalde aún no había sido notificado. La togada, en su decisión, consideró que en medio de la emergencia que vive el mundo por cuenta del coronavirus “surge para el Distrito un mayor compromiso y responsabilidad en el cumplimiento oportuno de la cancelación de estos subsidios, ya que las víctimas se han visto afectadas económicamente y es cuando más necesitan el apoyo del Estado colombiano”.
El enredo legal se originó porque Luby Herrera Solanila, una de las personas evacuadas de uno de los cuestionados edificios de la constructora de la familia Quiroz (los mismos del Edificio Blas de Lezo cuyo desplome en abril de 2017 dejó 22 muertos), demandó a la Alcaldía de Cartagena para solicitar el pago del subsidio de arriendo a la que la administración distrital anterior se comprometió para garantizar el “estatus socioeconómico”. Según la demandante, en noviembre de 2019 la Alcaldía se encontraba en mora con el pago correspondiente a seis meses del canon, por lo que se generó un incidente de desacato. En ese momento, Pedrito Pereira, alcalde encargado, alegó que realizó el pago de tres de esos meses, por una suma de $2.700.000
Imagen del desplome del edificio Blas de Lezo II, en Cartagena, ocurrido en abril de 2017. En los primeros días de la llegada de Dau al cargo, según el fallo de la jueza Yuris Ponce Fernández, este fue requerido a cumplir con el pago del subsidio que estaba en mora, acción que a la fecha no se ha hecho efectiva, desembocó en un nuevo desacato y la orden contra el nuevo mandatario. Según el fallo, “el alcalde no ha realizado los esfuerzos requeridos para estar al día con el pago de los subsidios, ya que a la fecha se adeudan los subsidios de arriendo correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, y los meses de enero y febrero del año 2020”.
En la orden, la jueza falló a favor de la petición de la demandante Herrera de imponer sanciones lagales de multa y arresto contra el acalde Dau por incumplir la orden judicial. En respuesta, Dau indicó que en marzo de este año había ordenado a las secretarías del Interior, Hacienda y Gestión del Riesgo para que crearan una bolsa común de $1.300 millones destinados exclusivamente para pagar lo correspondiente a seis meses de estos subsidios arriendo que la anterior administración distrital había dejado en mora, más los tres primeros de este año. Pero, dice el mandatario, que esa plata tuvo que ser tomada para atender la emergencia por el coronavirus que vive la ciudad, que es una situación que no da espera. “Si tengo que ir preso por proteger a la mayoría de los ciudadanos, no tengo problema. Ya hemos comprado unos 200 mil mercados para los cartageneros por más de 13 mil millones de pesos”, insistió Dau.