La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció, a través de un comunicado expedido este 26 de mayo, que le abrió investigación a la empresa Plural Comunicaciones S.A.S. por, presuntamente, haber violado el régimen de protección de datos personales, conocido como habeas data.
Plural Comunicaciones S.A.S. es propietaria de las páginas web de Canal 1, Noticias Uno y la aplicación móvil del Canal 1.
Según la información brindada por el ente de vigilancia y control, se evidenció de manera preliminar, según las investigaciones, que en esos portales se estarían utilizando más de 80 cookies o “pequeños archivos” que se guardan automáticamente en los dispositivos de los usuarios, bien sea celulares, tabletas o computadoras.
Eso permite, dice el comunicado, que se puedan recolectar datos personales, rastrear comportamientos del usuario o recordar hábitos de navegación o consumo. El problema radica en que, al parecer, no se contó con la autorización previa, expresa e informada de los consumidores, como lo exige la legislación.
Además, según la SIC, tampoco se les informó a los usuarios que visitan las páginas y la aplicación las finalidades en específico para las que han sido recolectados estos datos que son de carácter personal.
“Asimismo, tanto las páginas web como la aplicación, no contarían con las medidas de seguridad y privacidad suficientes para proteger los datos de los usuarios”, señaló la entidad en el comunicado.
La investigación fue producto de una verificación de oficio que hizo la SIC a páginas y sitios web de diferentes sectores, entre los que también estuvieron en vigilancia varios medios de comunicación del país.
“En esta oportunidad, la verificación se adelantó a los demás canales de televisión abierta (Canal Caracol y Canal RCN), los cuales cumplen la normativa vigente en materia de protección de datos personales”, informó la SIC.
Señalan que si se llega a comprobar la violación al Régimen de Protección de Datos Personales, la empresa Plural Comunicaciones S.A.S., que embarca a los tres medios de comunicación digitales, podría ser sancionada con multas de hasta 2.000 salarios mínimos o la suspensión de actividades relacionadas a tratamiento de datos personales. Asimismo, que contra esta decisión no procederá ningún recurso de apelación.