La Procuraduría reafirmó la sanción de suspensión e inhabilidad de cuatro meses impuesta al exalcalde de Cartagena William Dau Chamat (2020-2023), por referirse de manera irrespetuosa y desobligante contra los directivos de la Universidad de Cartagena, en medio del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir al contralor distrital de la ciudad.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció: “El entonces alcalde faltó a su deber de tratar con respeto a los dirigentes universitarios, pues en declaraciones a medios de comunicación dijo que era una institución ‘plagada de corrupción’ y que ‘siempre ha sido un nido de ratas’. Posteriormente, en su cuenta personal de la red social Facebook, publicó un video en el que los llamó ‘malandrines’”.
La falta fue calificada por la Procuraduría como grave a título de dolo de parte del exalcalde de Cartagena William Dau contra un grupo de dirigentes universitarios a quien se refirió a través de medios de comunicación.
“En su calidad de burgomaestre realizó declaraciones públicas sin observar el decoro y ética conductual que caracteriza su autoridad como alcalde distrital y con ellas afectó la dignidad humana de los destinatarios de la ofensas”, dijo la Procuraduría, alertando que vulneró el principio de moralidad.
Sin embargo, Dau, al no estar actualmente en el cargo, debe pagar una sanción de casi 50 millones de pesos, los cuales corresponden a los salarios devengados al momento de cometer la falta grave.
La Procuraduría precisó que la sanción impuesta queda en firme a partir de su notificación, toda vez que Dau Chamat no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo de elección popular.
Apenas se conoció la decisión, el presidente Gustavo Petro salió a criticar la medida, y de paso, a lanzar una novedosa propuesta contra las sanciones que ha proferido la Procuraduría contra los servidores elegidos por voto popular.
“Esto sigue siendo un abuso de poder. Después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia. La agencia de defensa del Estado debe buscar la defensa también de la ciudadanía contra abusos de autoridad ante el contencioso-administrativo”, posteó Petro.
El presidente Petro no ha perdido del radar la idea de reformar la Procuraduría, teniendo en cuenta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha indicado que ese tipo de sanciones no las puede tomar un organismo de tipo administrativo.
En medio de la posesión de Mary Lucero Novoa como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el mandatario cuestionó: “Mi pregunta es: ¿qué pasa, entonces, con la próxima Procuraduría, no debería haber una reforma ya? La Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Estamos incumpliendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.