Una difícil situación atraviesan habitantes de 25 de los 30 municipios del departamento de Córdoba debido a las inundaciones originadas por la ola invernal que ha afectado a cerca de 15.000 personas en esa región del país.

Eso llevó a que se declarara la calamidad pública que incluyó la solicitud del gobernador Orlando Benítez, a la Unidad de Gestión del Riesgo de ayudas humanitarias y recursos que suman 146.744 millones de pesos

Cerca del 83,3 % del territorio de ese departamento ha sido afectado que cobija a 14.971 personas concentradas en 6.079 familias, que se encuentran registradas en el sistema.

Pese a que se han adelantado algunas acciones para mitigar el impacto de las inundaciones en los municipios impactados, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para atender la grave situación.

El funcionario manifestó que el municipio que más ha sufrido el rigor del invierno ha sido Lorica, por cuenta de las inundaciones del río Sinú, y que de manera especial viene afectando a la población más vulnerable.

“Vinimos a la subregión del Bajo Sinú, para hablar con las comunidades del municipio de Lorica, para hacerle seguimiento a los llamados que le hemos venido haciendo a las autoridades en relación con las afectaciones a los derechos de los habitantes por cuenta de las inundaciones”, señaló el funcionario.

Tras escuchar las inquietudes de la comunidad, el defensor del Pueblo reiteró que hay una falta de articulación entre la Unidad de Gestión del Riesgo y las autoridades locales para que las ayudas puedan llegar efectivamente a la población afectada.

“Hacemos un llamado urgente para que, en el marco del principio de colaboración armónica entre las instituciones, se puedan tomar las acciones necesarias para mitigar los efectos de las inundaciones sobre las comunidades”, agregó.

Se recordó que desde comienzos de este año, la Defensoría del Pueblo entregó un informe sobre el río Sinú y sus dinámicas, en el que se hizo varios llamados a los gobiernos locales y a la autoridad ambiental para tomar medidas de mitigación en los más de 100 puntos críticos en las zonas ribereñas de la más importante cuenca hidrográfica del departamento de Córdoba.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para atender la grave situación. | Foto: Defensoría del Pueblo

Además de las graves afectaciones a los campesinos dedicados a la ganadería y a la agricultura, Camargo manifestó su preocupación por las afectaciones que pudo evidenciar de primera mano en diferentes instituciones educativas por las inundaciones, poniendo en riesgo el derecho a la educación y a la salud de los niños, niñas y adolescentes de esta región del departamento.

Desde el pasado mes de mayo, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo los riesgos para que se tomen las medidas de mitigación previas y evitar de esta manera que se consoliden las afectaciones.

Sin embargo, según ese despacho, no se tomaron las medidas por parte de Alcaldías como San Bernardo del Viento donde, a pesar de las advertencias sobre puntos críticos en el corregimiento de Isla del Queso, se presentan inundaciones, manteniendo a la comunidad incomunicada.

Situación similar viven los habitantes del municipio de Chimá, debido a la falta de mantenimiento del jarillón que contiene las aguas de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y que, pese al esfuerzo de las comunidades y de los requerimientos realizados desde años anteriores por el organismo, se mantiene la afectación a comunidades indígenas del pueblo Zenú que residen en ese sector.

Acciones

Recientemente, el director Departamental de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, Aldrin Pinedo Sánchez, señaló que se ha venido avanzando en la atención y mitigación del impacto por las inundaciones en los diferentes municipios.

Indicó que se ha dado uso a la herramienta presupuestal del fondo departamental de gestión del riesgo para la respuesta inmediata a emergencias.

“Gracias a la sesión de la junta directiva de este fondo se aprobaron los requerimientos que solicitan los municipios más afectados por la actual temporada de lluvias para ejecutar las obras de mitigación necesarias en beneficio de la comunidad”, señaló.

Y agregó que “de esta forma se aprobaron 800 millones de pesos que serán transferidos directamente al municipio de Lorica con el fin de atender la calamidad pública”.

“Con los 831 millones que le transferimos del fondo departamental de riesgo al fondo municipal de riesgo de Lorica se vienen realizando soluciones temporales en puntos críticos para la mitigación de las inundaciones”, señaló en cuenta en Twitter.