Siete contralores departamentales, distritales y municipales enviaron una carta al Ministerio de Minas y Energía donde expresan sus preocupaciones por los proyectos de decretos que se están elaborando y que tienen como finalidad reducir las tarifas de energía en el país.
En la misiva sustentan el por qué de sus preocupaciones y manifiestan sus reparos sobre el proyecto de modificación del Decreto 1073 de 2015, que trata sobre los objetivos generales del sector de los combustibles líquidos derivados del petróleo y otras disposiciones.
La carta fue enviada el pasado 15 de marzo y allí el presidente del Consejo Nacional de Contralores, Carlos Augusto Wilches Vega, encabeza la lista de firmantes, donde además están: Yadira Morales Roncallo del Atlántico, Bienvenido Mejí Brito de La Guajira, Camilo Andrés Ramera García de Córdoba, entre otros.
Resaltan que las contralorías departamentales, distritales y municipales tienen la responsabilidad del control fiscal al recaudo y uso del impuesto al servicio de alumbrado público por lo que están en su derecho de hacer dichas observaciones.
Recientemente la Contraloría General expresó su desacuerdo con el proyecto de decreto “por el cual se adiciona el decreto 1073 de 2015, único reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía, y se establecen políticas y lineamientos para la eficiencia tarifaria en el sector energético”, propuesto por el Ministerio de Minas y Energía.
Así las cosas, la Contraloría General estima, en primer lugar, que “los aspectos que pretende (el decreto) desarrollar como la revisión quinquenal de las fórmulas tarifarias en cumplimiento de los principios tarifarios, la publicación y divulgación a la ciudadanía, la facultad de ajustar las subastas de Cargo por Confiabilidad, y la priorización de conexiones a proyectos de generación, ya se encuentran reglamentados e instituciones como la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y XM las vienen adelantando”.
La entidad de vigilancia manifiesta que “las decisiones ordenadas en el proyecto establecen plazos para comenzar su ejecución de entre tres y seis meses”, algo que podría generar un riesgo de “procrastinación (retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas o pereza a realizarlas) frente a decisiones que ya debieron estar adelantadas por parte del Gobierno nacional”.
Llamado a que se conforme la Creg
Según el pronunciamiento de la Contraloría General, más bien es necesario “que se active la institucionalidad”. Esto, en referencia a la interinidad que hay en la Creg, donde hay una demora en la designación de los integrantes de ese equipo de expertos para la regulación en materia de gas y energía.
A juicio de la Contraloría, la designación de los integrantes de la Creg deben cumplir con sus funciones y competencias, lo que incluye la posibilidad de expedir una nueva fórmula tarifaria “dentro del año siguiente de la fecha de terminación de la vigencia de cualquiera de los componentes de la fórmula” vigente.
Inaudito
Para la Contraloría General, resulta inaudito e increíble que de seis comisionados requeridos, solo se haya nombrado uno y un posible segundo integrante de la Creg o no se haya podido posesionar por exceder la edad requerida por la función Pública (la disyuntiva para un cargo de esta envergadura: experticia versus edad).
En el pronunciamiento de la Contraloría, el ente de control recordó que el asunto no es menor y ya lleva un largo tiempo.
Además, desde octubre del año pasado, cuando se llevó a cabo la mesa de trabajo con el Ministerio de Minas y Energía sobre la problemática energética, “la Contraloría está a la espera de los proyectos, planes y programas que esa cartera llevará a cabo para el cambio a la transición energética sin que se afecten las finanzas públicas y la seguridad energética del país”.
Nueva alarma por posible apagón en Colombia: alumbrado público puede sufrir estragos
Una reciente alerta fue lanzada por la Asociación Nacional de Alumbrado Público (Anap), tras la amenaza de un apagón en el país. La entidad aseguró, a través de un comunicado, que un proyecto de decreto que establecería el no pago del servicio de alumbrado público en el país.
La entidad aseguró que el proyecto se añadirá al ya existente Decreto 1073 de 2015, que es el único que establece lineamientos para la eficiencia tarifaria del sector energético del país.
“Esta decisión podría poner en riesgo el alumbrado público, ya que la reducción tarifaria hace referencia realmente al no cobro del servicio de alumbrado público”, comentó en el comunicado.
Según lo que indica la entidad, lo que se pretende con el proyecto en mención es dejar de recaudar los recursos que mantienen al alumbrado público de los más de 1.000 municipios del país, poniendo en peligro la estabilidad de los mismos, además de poner en riesgo el buen estado de la infraestructura.
La entidad hace una comparación con el caso de Venezuela, asegurando que en este territorio se empezaron a dar apagones del sistema eléctrico.
“Una ciudad apagada es aterradora y amenazante. El Gobierno nacional ha publicado en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía un proyecto de decreto que actualmente se encuentra en etapa de consulta y que prácticamente dejaría sin fuente de recursos el funcionamiento del servicio de alumbrado público en todo el territorio nacional”, comentó Armando Gutiérrez, director ejecutivo de la Anap.
Gutiérrez además puntualizó que no existió un estudio previo ni un análisis adecuado. Además, no se tiene una justificación mínima para la iniciativa, que calificó como “improvisada”.
“Será un falso ahorro para el ciudadano, creará un problema aterrador para la ciudadanía y un lío gravísimo para los municipios y distritos. (...) En este orden de ideas, convocamos a las empresas del sector energético, entidades de la sociedad civil y sector público territorial, para hacer seguimiento a esta problemática anunciada”, comentó.