El calendario escolar empezó ya hace dos meses en la mayoría de los colegios del departamento de Boyacá y aún hay cinco municipios en los que no se ha implementado el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por eso, la Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades departamentales a buscar alternativas que permitan garantizar la ejecución del programa en los cinco municipios que han enfrentado dificultades para suscribir contratos.
Según lo informado por el Ministerio Público, en una reunión con el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, se pudo establecer que 3.696 niños y niñas de Santa María, Otanche, Coper, Pauna y La Victoria no han recibido raciones alimenticias desde el inicio del calendario escolar debido a problemas geográficos y de acceso a estas áreas, y también debido a la limitación de recursos.
La Procuraduría General aseguró que asumió un papel de liderazgo en estos cinco municipios para solucionar la situación lo antes posible, especialmente en Santa María, donde el PAE se ha declarado desierto en 9 ocasiones.
La Procuraduría también pidió a la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa) que se revisen las posibilidades de aumentar los recursos para el programa, pues “el desembolso de 37 mil millones de pesos, destinados para el departamento, quedo corto ante lo demandado”.
El Ministerio Público advirtió que seguirá adelantando estricta vigilancia para que los derechos de los menores no sean vulnerados y el cumplimiento del PAE sea una realidad.
Investigan alcaldes de La Guajira por el PAE
El PAE, un plan que beneficia a miles de niños en todo el país, sigue teniendo graves dificultades por cuenta de demoras en contratación y casos gravísimos de corrupción con la comida de los menores.
Precisamente, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el gobernador (e) de La Guajira, José Jaime Vega, así como a los alcaldes de Riohacha, Jose Ramiro Bermúdez Cotes, y de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, por los retrasos registrados en el inicio y ejecución del programa.
La indagación también fue abierta para Adaulfo Manjarrez Mejía, Jesús David Herrera Mendoza y Yenelca Gutiérrez Fajardo, secretarios de Educación de La Guajira, Riohacha y Uribia, respectivamente, así como contra otros funcionarios de esas entidades territoriales que, al parecer, pese a tener recursos aprobados, no están entregados de forma adecuada los alimentos, justo en La Guajira, el departamento que por décadas ha sido afectado por la desnutrición y la muerte de menores.
En la decisión, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira indaga las razones por las cuales aún no se ha culminado el trámite contractual para la implementación del PAE, tanto el mayoritario como étnico, en sus respectivas jurisdicciones, y de esa forma garantizar la prestación del servicio de manera.
En las cuentas del Gobierno, 5.104.136 de niños, niñas y adolescentes que comenzaron el calendario académico ya se están beneficiando del programa. Eso no pasa en La Guajira.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió copia de los actos administrativos expedidos por cada entidad territorial en los que se fijaron las fechas de inicio y finalización de calendario escolar, así como el número de beneficiarios proyectados para atender durante 2023.
En el caso de la Gobernación de La Guajira la información requerida se refiere a los municipios no certificados, cuya contratación depende directamente de esa entidad territorial, que son La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Dibulla y Manaure.
Con la apertura de la indagación, señala la Procuraduría, “el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.