Una banda de delincuentes que por años ayudó en todo tipo de actividades criminales al extinto Frente 48 de las FARC, en el departamento del Putumayo, logró incrementar su patrimonio de manera significativa, al punto de que constituyeron sociedades para adquirir bienes como casas, fincas, locales comerciales y vehículos. En otras palabras, se volvieron millonarios de la noche a la mañana, con el auspicio de las ganancias que les dejó el tráfico de drogas. La dicha les duró hasta este año, pues la Fiscalía investigó, identificó y ocupó esos bienes con fines de extinción de dominio.
En total fueron 45 bienes que siempre estuvieron ahí, en poder de la organización criminal Los Paleros, que además trabaja, según la Fiscalía, al servicio de la estructura criminal la ‘Constru’. Las propiedades las dejaron a nombre de terceros con el objetivo de evadir la acción de las autoridades, pero un hecho particular los delató.
Los representantes legales de las sociedades y de los establecimientos de comercio quisieron participar en algunos negocios donde no lograron justificar el incremento patrimonial. Además, las declaraciones de algunos desmovilizados revelaron de qué manera los recursos que dejaba el narcotráfico en las FARC se repartieron con los cabecillas de esta organización criminal.
“La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos, en una acción articulada con el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, ocupó 45 bienes que pertenecerían a la red delincuencial ‘Los Paleros’, que habría estado al servicio del extinto Frente 48 de las FARC y de la estructura criminal ‘Constru’, dijo Liliana Patricia Donado, directora especializada de Extinción de Dominio.
Las propiedades que estaban ocultas fueron avaluadas en más de 12.000 millones de pesos y las ubicó la Fiscalía en los municipios de Puerto Asís en Putumayo, Ipiales y Buesaco en Nariño, Cali en el Valle del Cauca y Pereira en Risaralda. Es decir, Los Paleros, que tenían su accionar criminal en Putumayo, lograron llegar a otros departamentos para invertir los recursos de su actividad delictiva.
“Se trata de 14 inmuebles, 26 vehículos, 1 sociedad y 4 establecimientos de comercio que, al parecer, fueron adquiridos con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas. En ese sentido, la Fiscalía les impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión”, reiteró la Fiscalía al informar que lograron la ocupación de estas propiedades con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea, dadas las situaciones de seguridad en las zonas donde estaban ubicadas.
Todos los bienes que fueron objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía pasarán a la administración del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que se encargará en adelante de manejarlos e impedir que se deterioren mientras avanzan los procesos en los despachos judiciales.
Sin embargo, desde la misma SAE advierten en reiteradas oportunidades la dificultad que existe para manejar y administrar los bienes que son ocupados con fines de extinción de dominio en zonas con dificultades de seguridad y donde se requiere mayor presencia de la fuerza pública, pues los actores criminales tratan, mediante la violencia, de recuperar esas propiedades.