Con el fin de contar con el apoyo de especialistas en áreas diferentes al derecho, la Corte Constitucional ordenó la conformación de un grupo especializado que apoye a la Sala que hace seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

Cabe recordar que esta sentencia declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de la niñez wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, departamento de La Guajira.

“En desarrollo de la labor de seguimiento se han decretado pruebas para conocer los avances, retrocesos y estancamientos en el cumplimiento de las órdenes generales dadas en dicha sentencia y en los autos, así como también se ha solicitado información y conceptos técnicos”, advierte el alto tribunal.

Según confirmó la Corte, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, se tendrá en cuenta, de manera particular, la formación y experiencia en materias concernientes al agua, alimentación, nutrición y salud intercultural.

Podrán presentarse grupos de investigación, centros de estudio, especializados u observatorios en las áreas mencionadas tanto nacionales como internacionales. “La Sala verificará el cumplimiento de los parámetros definidos en los literales anteriores y procederá a la conformación del o los equipos especializados con las y los interesados que los acrediten. La selección obedecerá, además de la aplicación de los anteriores criterios, a su imparcialidad e independencia respecto de las autoridades estatales encargadas de cumplir las órdenes de la sentencia”, señala la Corte.

Las cifras son crudas, se cuentan por cientos los niños que no pudieron escapar de una muerte inexplicable en La Guajira. Más de 253 asociadas a desnutrición, 540 por infección respiratoria aguda y más de 103 por enfermedad diarreica, según la Alianza por la Niñez. En promedio, hay 21 niños muriendo al mes por desnutrición.

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en lo que va corrido de 2022, solamente en La Guajira han muerto 76 menores de cinco años por enfermedades asociadas con la desnutrición.

En diálogo con SEMANA, Juan Carlos Freyle, quien preside el Colegio Médico de La Guajira, cuenta que cuando el presidente Petro llegó al Gobierno, recibió una llamada en la que le pedían ayuda y asesoría para enfrentar esta tragedia. Asegura que el problema radica en que los esfuerzos se han concentrado en solucionar el tema de acceso al agua potable, pero no se ha puesto suficiente atención a la prevención del hambre, como lo pidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

”No basta con elaborar minutas o un menú desde Bogotá, debe haber conocimiento del territorio, de las costumbres, para que la dieta sea acorde a lo que allí se consume y se consigue”, explicó.

Así lo ratifica José Silva, líder indígena de la región, quien preside la organización Nación Wayúu y cuenta que la falta de oportunidades es un asunto de décadas, viven en la tierra del olvido, son, a su juicio, unos parias solitarios.

“El ICBF maneja miles de millones de pesos anuales, que se giran para atención de la primera infancia y aquí se pierden. No llegan. La gobernación nos tiene en un estado de abandono, no miran el tema de la desnutrición, el balón se lo tiran al ICBF, el ICBF nos manda a hablar con la gobernación. Nadie responde y los niños muriéndose”, reprocha Silva.

SEMANA obtuvo un informe realizado por la Procuraduría que retrata el crudo panorama. En La Guajira hay una ausencia absoluta, como si fuera tierra de nadie, “en la articulación de estrategias para contribuir a garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud”.

De otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hizo un llamado de atención reciente al Gobierno de Colombia ante el número de niños fallecidos en La Guajira por desnutrición. El organismo internacional advirtió que “las políticas implementadas han sido deficientes en la lucha contra el hambre”.

“En un país con abundancia de fuentes hídricas y con un sector agrario con el nivel de producción con el que cuenta Colombia, es un error del Estado que casos como estos se sigan presentando”, argumentó la FAO.