Por un segundo todo fue caos y desespero. La ola los cubrió por completo, partió la panga en dos y el mar acalló los gritos, dijo Didier Dikembo Fwetete, uno de los sobrevivientes. A los seis minutos de partir rumbo a Panamá desde una playa conocida como La Caleta, en Capurganá, nafragó una panga con migrantes irregulares. Fueron 14 menores de edad, 16 adultos y dos mujeres embarazadas que quedaron en medio de un fuerte oleaje que rompía contra las rocas. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero y hasta el 3 de febrero habían sido hallados los cadáveres de nueve menores, ocho adultos y restos de un menor de edad y un adulto. Didier y su familia tenían aún vívido el recuerdo de la noche del 24 de enero de 2019 cuando la embarcación en la que habían salido de forma ilegal de Turbo fue capturada por la Armada Nacional de Colombia. El temor de ser deportados, ese mismo que los ha acompañado por cuatro meses desde que salieron de El Congo, los invadió de nuevo. Pero dice que las horas que pasaron con los hombres de la Armada de Colombia, en Turbo, fueron tratados con dignidad. Cuatro horas después los llevaron a Migración Colombia, donde recibieron un salvoconducto. El tener permiso para continuar su viaje, otorgado por el gobierno de Colombia, les daba un poco de tranquilidad. La mañana del 26 de enero partieron de nuevo desde el muelle turístico de Turbo hacia Capurganá. Didier pensó, mientras pagaba 1.500 dólares a uno de los dos coyotes por seis cupos para su familia, que nada podía ir peor, descansar un día en Capurganá sin tener que esconderse de las autoridades lo llenaba de esperanza. Minutos más tarde tendría que luchar por su vida y la de su familia. De las tres embarcaciones que zarparon la noche del 28 de enero con cerca de 120 migrantes irregulares, dos pudieron regresar a Capurganá. “Por un segundo todo fue caos y desespero. La ola nos cubrió por completo, partió la panga en dos y el mar acalló los gritos”, Didier Dikembo Fwetete. “Por fin una mano amiga” Después de estar a salvo, Didier y su familia decidieron buscar refugio en la iglesia católica de Capurganá. Allí encontraron a su paisana Miffy, quien nada sabía de su esposo y sus cuatro hijos. La noche del 28 enero, mientras se oficiaba una misa para los migrantes y feligreses locales, el padre Aurelio Moncada le suplicaba a Dios una ayuda para brindar un poco de alivio material para esos hombres, mujeres y niños que hasta la esperanza habían perdido. Su llamado fue escuchado, recibió apoyo para el hospedaje desde la Alcaldía de Acandí, alimentos y vestido de la comunidad. Pero esa noche la pasó en vela, las historias de Didier y Miffy le robaban la tranquilidad. La noche del 30 de enero partieron rumbo a Panamá dos embarcaciones con cerca de 60 migrantes, entre los que iban 18 africanos que recibieron atención humanitaria por parte del cura Aurelio. Allí iba Miffy, con lo único que le quedaba de su familia: su hija Alegría. Partieron sin saber que los cadáveres de diez de sus niños y nueve adultos fueron encontrados. Aun sabiendo que la muerte era lo más seguro, decidieron retomar el viaje. Pesó más el miedo a ser deportados. "Seguro están muertos. El dolor de no poder derramar al menos una lagrima sobre la lápida, pesará por siempre". El padre Aurelio revisaba constantemente su celular con la esperanza de encontrar un mensaje de Didier, quien también había vuelto a partir. El sacerdote hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Panamá para que permitan el tránsito de los migrantes irregulares y así no se pierdan más vidas. “Como católicos debemos seguir las directrices del papa Francisco: ‘queremos ser la Iglesia que propicie una cultura que sepa acoger, proteger, promover e integrar’". Ante la falta de organizaciones en Urabá y el Darién colombiano que socorran a los migrantes, la Diócesis de Apartadó, en cabeza de monseñor Hugo Torres, el mes de noviembre de 2018 creó con el apoyo de Acnur el Punto de atención y orientación al migrante (PAO) en Turbo, donde se le brinda asesoría jurídica, moral y atención primaria a la población migrante. Negocio que mueve millones Después de salir de Capurganá los migrantes irregulares se adentran en las selvas inhóspitas del Tapón del Darién, territorio plagado de narcotraficantes, bandas criminales y grupos armados que se disputan el control del tráfico de cocaína, armas y personas. Los migrantes conocen este cuello de botella como ‘la ruta de muerte‘ porque en esos escasos 50 kilómetros entre Capurganá, Colombia y Metetí, Panamá, han muerto decenas de personas en la búsqueda del “sueño americano”, muchas veces agotados por el duro camino y otras veces asesinados por los mismos traficantes, conocidos como "coyotes”. La cadena que mueve el tráfico de migrantes entre Capurganá y Ciudad de Panamá está bien organizada. Al llegar al muelle de la localidad fronteriza colombiana los espera el “coyote”, quien por 250 dólares los lleva a una playa cercana en Nacho-Kuna, caserío de Panamá; allí un indígena, por 250 dólares, los guía a su próximo objetivo, son mínimo tres días subiendo lomas, vadeando ríos y atravesando pantanos para llegar a Metetí. Para lograr su siguiente meta, Ciudad de Panamá, es necesario pagar 200 dólares y caminar toda la noche por pastizales evadiendo los controles del Servicio Nacional de Fronteras. Según Fabricio Marín, administrador del muelle turístico de Turbo, en enero de 2019 salieron 647 migrantes irregulares con destinos a Capurganá portando el salvoconducto otorgado por Migración Colombia. Esto le representó a los coyotes, en un mes, 452.900 dólares. Pero si se cuenta desde 2017, por el muelle de Turbo salieron con permiso y con destino a Capurganá 39.851 migrantes irregulares. Fueron casi 30.000 millones de pesos que terminaron en manos de las bandas de traficantes de personas. Entre enero y noviembre de 2018 la oficina en Turbo de Migración Colombia no otorgó salvoconductos, lo que le significó a cada migrante irregular pagar 400 dólares de más por el trayecto entre Turbo y Capurganá. Después de seis días la búsqueda de cadáveres continúa Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la tragedia, la Armada Nacional dispuso del buque patrullero de costa ARC José María García de Toledo con 17 tripulantes; de la aeronave, tipo patrullero marítimo, ARC-803 y de una Unidad de Reacción Rápida con cuatro tripulantes. Hasta las dos de la tarde del 3 de febrero se habían invertido 150 horas en la búsqueda y rescate. Las labores continuarán ya que otros cuerpos sin vida han sido avistados en zonas de fuerte marea y en medio de las costas rocosas de Acandí, así lo confirmó el capitán de Navío Federico Sierra Zuluaga, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico No 73 Neptuno. Acandí no tiene ayuda ante la migración irregular Lilian Córdoba, alcaldesa de Acandí, ha hecho constantes llamados a los gobiernos del orden nacional y departamental para que le brinden apoyo para atender el fenómeno migratorio irregular. Al pequeño corregimiento de Capurganá llegan centenas de migrantes irregulares por mes, algunos en delicado estado de salud, cuyos gastos de atención corren por cuenta del municipio. Según la señora Córdoba, para la búsqueda de cadáveres se contrataron embarcaciones y baquianos locales conocedores de los cambios de marea; para la autopsia y peritaje de los cuerpos fue necesario traer médicos legistas y técnicos de la Sijín desde Turbo, Antioquia. La totalidad de los gastos corrieron por cuenta del municipio de Acandí. “Es necesario reconocer el apoyo de la Policía y Armada Nacional, ellos sienten esta tragedia como si fuera de ellos y cada mañana salen con la esperanza de encontrar sobrevivientes”. Lilian Córdoba A medida que se iban encontrando los cadáveres, la capacidad del hospital de Acandí se desbordaba y el dolor de la tragedia acallaba la alegría propia de la gente del caribe. Los primeros cuatro cadáveres recibieron un sencillo ritual fúnebre, mientras los cuerpos envueltos en plástico negro eran cubiertos de tierra. La falta de un cuarto frío y la necesidad de enterrar los cuerpos en avanzando estado de descomposición obligó al pronto entierro de los otros cadáveres. Solo la alcaldesa, el sepulturero y algunas personas del pueblo oraron sobre las restantes 15 tumbas. Ante el dolor producido por la tragedia ocurrida y cansada de la falta de apoyo del Gobierno del orden nacional y departamental, Córdoba hizo un llamado a los coyotes: “Hay que pedir a quienes tiene que ver con este transporte ilegal de migrantes, que les den un trato humanizado. Sabemos que lo hacen a escondidas, pero eso significa que se ponga en riesgo vidas. Los cadáveres no tenían chalecos salvavidas y llevaban botas pantaneras, que los hacen sumergir más rápido. Los migrantes, no conocen los riesgos, porque su afán es pasar Colombia rápido y seguir en la búsqueda de su sueño americano. Por favor, no solo piensen en el dinero, son vidas y sueños las que llevan. A sus familias en Congo, dicen que todos eran de ese país, mi total solidaridad". *Colaboración para SEMANA.