La decisión judicial de suspender lo aprobado por el Congreso hace unas semanas en la Ley de Presupuesto en la que se derogó la Ley de Garantías sigue generando polémica, esta vez con respecto a la separación de poderes. El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá tomó la decisión luego de que un ciudadano interpusiera una tutela en contra de la decisión del Congreso.
Los parlamentarios habían decidido por mayoría que esta norma debía ser derogada teniendo en cuenta que en medio de la pandemia hubo atrasos en diferentes obras y habían quedado suspendidas. El presidente Duque pidió al Congreso eliminar la normativa para continuar con las licitaciones, decisión que fue respaldada por los mandatarios locales. La Ley de Garantías no permitía celebrar contratos cuatro meses previo a las elecciones.
En medio de toda la polémica por la decisión de la jueza Edna Paola Rodríguez, el representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, anunció que le pedirá a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investigue el actuar de la funcionaria.
“No sabía que un juez de la República pueda sustituir al Estado social de derecho, empezando por el Congreso, por el Ejecutivo y, por supuesto, por la Corte Constitucional. Por eso le he pedido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que investigue y mire la sentencia de este juez porque en todo caso está contraria a derecho y a la propia Constitución y la Ley”, aseguró el congresista.
SEMANA contactó al congresista, quien explicó que se trata de una ley que no ha sido sancionada y que la jueza no puede pasar por encima de sus competencias y ordenarle a los congresistas y a la misma Corte Constitucional tomar decisiones.
“Esta jueza no puede estar por encima de la Corte Constitucional, ni por encima del Congreso de la República que es la voluntad popular, ni por encima del Gobierno nacional que es el que tiene que sancionar la ley. Me parece que es una decisión abrupta y contraria a la Constitución y a la ley. Me parece que es una decisión con más sentido político que legal o constitucional”, aseguró Rodríguez.
La decisión de la jueza se dio tras una tutela que interpuso un ciudadano que alegó la vulneración de varios de sus derechos fundamentales, entre ellos el de igualdad, debido proceso y libertad. La jueza consideró que no hay una vía idónea para este reclamo y por eso procedió a frenar lo decidido por el Congreso.
El ciudadano demandante cuestionó al Legislativo por el trámite que se surtió en la discusión del Presupuesto de 2022, por lo que la jueza tomó la decisión de establecer una violación al debido proceso por desconocimiento del principio de reserva.
Hay que aclarar que se trata de una medida transitoria mientras se toma una decisión en firme. En menos de treinta días la Corte Constitucional deberá emitir su concepto para resolver esta demanda. Si eso no sucede en este plazo de tiempo, la ley continuará su trámite como lo decidió el Congreso, es decir, derogando la Ley de Garantías de cara a las próximas elecciones.
Además, vale recordar que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un organismo autónomo al interior de la propia rama judicial que se encarga de administrar justicia sobre los abogados y funcionarios del país, con un carácter independiente. Para el congresista del Centro Democrático se debe indagar si la acción de la jueza constituye un prevaricato, lo cual podría acarrearle fuertes sanciones.
En medio de la decisión, el Juzgado Tercero de Bogotá también le pidió al Gobierno que haga público en las páginas oficiales de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y otras entidades el fallo con la decisión. Así mismo, le pidió al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) difundirlo en las siguientes 24 horas.
“Ordenar al presidente de la República y a los representantes legales de las entidades del orden nacional y del sector descentralizado territorialmente, abstenerse de dar aplicación a la modificación realizada al parágrafo 38 de la Ley 996 de 2005″, dice el documento.
La polémica sobre aprobar la derogación de la Ley de Garantías o no se basó en la incertidumbre que genera el hecho de que pueda haber contratación estatal en medio de las elecciones y que esto sea utilizado por los gobernantes locales en beneficio de sus candidatos y así incidir en los comicios del próximo año.
Por ahora, la ley sigue aprobada por el Congreso y está a la espera de la sanción presidencial. Sin embargo, ahora la pelota la tiene la Corte Constitucional quien tendrá la última palabra para saber si esa decisión del Legislativo prospera.