Las tierras de Juan Fernando Gaviria fueron invadidas hace aproximadamente tres semanas. Se trata de 35 hectáreas, ubicadas en Tucurinca, el último corregimiento de Zona Bananera, que colinda con el municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena .

De esa cifra, al menos cinco u ocho hectáreas fueron ocupadas ilegalmente. Los invasores aún no están plenamente identificados pero se presume que pueden ser campesinos, residentes del sector, migrantes venezolanos o habitantes en extrema pobreza.

“En la última reunión que tuve para saber cómo va el proceso de posible desalojo he sentido que hemos actuado legalmente. Se ha hecho todo paso a paso como la ley lo exige para que en el menor tiempo posible se realice un desalojo pacífico y satisfactorio. Hemos recibido apoyo de todos”.

En conversación con SEMANA, Gaviria dejó por sentado que sus principales preocupaciones se concentran en el daño ecológico del terreno, producto de las intervenciones, y la pérdida económica por la improductividad de la tierra.

Otro factor, que quizá le genera mayor intranquilidad, está relacionado con los costos asociados a la recuperación del predio invadido.

“El dinero que hay que invertir para recuperar la tierra no lo conocíamos y realmente son costos altos. No hay que pagarle directamente a la Policía, pero debemos colaborar con alimentación, hospedaje, contratar maquinaria pesada para el desalojo”, explicó en diálogo con SEMANA.

Gaviria, quien es médico de profesión, puntualizó en que este tipo de inversiones representan un golpe duro para su bolsillo toda vez que en su condición de pequeño propietario, los recursos económicos no están fácilmente a su alcance.

“Tal vez para una persona que tenga dinero, que tenga 100, 200 o 300 hectáreas no le queda difícil, pero para uno que no tiene nada de eso, contratar una maquinaria de estas es muy costoso. Nos sentimos preocupados porque para recuperar nuestra tierra tenemos que asumir unos costos que no entendemos”.

Por lo anterior, SEMANA se comunicó con el personero de la zona bananera, José Luis Polo Collante, quien efectivamente confirmó que al tratarse de un terreno privado, el financiamiento de un desalojo corre por cuenta del titular.

“Hay ciertos costos que no puede asumir el ente territorial porque tenemos limitaciones. Si tú vas a rescatar tres o cuatro hectáreas invadidas, al dueño le toca mover las cosas que están ahí, el cercado, contratar vigilancia privada. Todos esos son costos no los puede asumir el ente territorial porque legalmente no son viables”, explicó el personero.

En su defensa, Collante explicó que si la administración municipal o departamental pretende financiar este tipo de intervenciones, estaría incurriendo en un delito considerando que se estaría usando dinero del Estado para invertir en un predio particular.

SEMANA pudo establecer que un desalojo equivale para el propietario más de 30 millones de pesos en gasto. En la práctica, ese dinero estaría discriminado de la siguiente manera:

- Mínimo tres días de alojamiento para los uniformados del Esmad que participan de la intervención. Además, se les debe suministrar desayuno, almuerzo y cena.

- Alquiler de maquinarias para retirar cambuches y demás infraestructuras instaladas por los invasores. También se debe contratar un camión para garantizarles que a ellos se les devolverán las cosas.

- Una ambulancia.

- Un vehículo para infantes porque la Comisaría de Familia exige transporte para los niños y adultos mayores.

- Los bomberos, al parecer, exigen que se les colabore con la gasolina.

- Personal dispuesto para recuperar la tierra luego de entregarla. Es decir, un grupo de personas encargadas de realizar el respectivo cercado y que estén debidamente uniformadas para que se distingan de los ocupantes.

- Vigilancia privada porque, entre otras cosas, deben estar precavidos ante una posible reivasión.

Jurídicamente, cuando se presenta la ocupación ilegal de un predio, hay dos etapas: la primera se surte cuando el propietario pone en conocimiento ante la autoridad policiva la situación de perturbación de la posesión. Luego, se inicia la queja en la Alcaldía. Se empieza un trámite administrativo: un inspector se pronuncia, evidencia la perturbación al domino y se emite una orden de desalojo.

En ese sentido, a nivel municipal, el Ministerio Público ha identificado cinco casos de ocupación ilegal en la zona bananera. Al menos cuatro tenían fallos que ordenaban el desalojo. Desde el comando de Policía departamental le indicaron a SEMANA que están a la espera de un trámite administrativo para iniciar el proceso.

“No se tiene una fecha estipulada pero me imagino que el desalojo iniciaría en los próximos días”.