Aprincipios de la semana pasada el ambiente político para el referendo era el mejor de todos. Los ponentes uribistas y liberales oficialistas habían llegado de la mano del ministro Fernando Londoño a un acuerdo en casi todos los artículos. Además había un pacto entre los grupos políticos de no introducir nuevos temas al texto del proyecto. La intención era evitar que el referendo se convirtiera, como lo ilustró el representante Armando Benedetti, en un "arbolito de Navidad al que comienzan a colgarle todo tipo de cosas". Todo iba bien hasta que el gobierno sacó dos palomas del cubilete para metérselas al referendo y dejó a los congresistas tan perplejos como molestos. Ni la penalización del consumo de droga ni la ampliación del mandato de los alcaldes y gobernadores estaba en ningún acuerdo entre Londoño y los ponentes. El gobierno simplemente incumplía el pacto de no incluir temas nuevos. La reacción del Partido Liberal fue inmediata. "El gobierno está en una actitud de pirómanos" , dijo el senador José Renán Trujillo, mientras que otros miembros del oficialismo aceptaron que la inclusión de los dos nuevos artículos rompía el acuerdo inicial, enrarecía el ambiente del debate y los ponía a la defensiva ante nuevas propuestas de Uribe. Por otro lado, en los uribistas reinó el desconcierto. "Esta decisión no fue consultada con la bancada", confirmó un congresista. Algunos parlamentarios expresaron su temor ante una eventual polarización del Congreso, que no se limitaría al tema del referendo y que incluiría otros proyectos clave para el Ejecutivo como las reformas tributaria y pensional. El ministro Londoño ya no era la contraparte amigable y receptiva de las discusiones de los ponentes; se comportaba como el mensajero de las decisiones unilaterales de la Casa de Nariño. Doble estrategia¿Qué medidas son tan importantes como para que el presidente Uribe pase por encima de acuerdos políticos que tenían prácticamente aprobado al referendo? A primera vista, ni la penalización de la dosis personal ni la ampliación del período de los mandatarios locales son siquiera comparables a medidas como la reducción del número de congresistas. Sin embargo, en ausencia de artículos atractivos y populares, estos dos puntos son tan taquilleros entre la opinión pública como para movilizar los seis millones de votos necesarios para que el referendo sea aprobado. Sin lugar a dudas al colombiano común y corriente le interesa más votar contra el consumo de drogas que para establecer el voto nominal en las corporaciones públicas. No sólo entiende mejor el problema sino que lo tiene cerca en su familia o amigos. Además la posibilidad de estar un año más en sus cargos convertiría automáticamente a los 1.100 alcaldes y 32 gobernadores, con sus equipos de trabajo, en jefes de debate del referendo en sus regiones. El gobierno mataba así dos pájaros de un solo tiro: políticos que hagan campaña y votantes atraídos por un tema emotivo. También es cierto que esta propuesta produce el efecto contrario, en especial entre los parlamentarios, que ven en las elecciones de 2003 un mano a mano contra sus competidores por el control local. Como afirmó el representante independiente Germán Navas, "no se está jugando limpio porque muchos senadores aspiran a alcaldías y esto afectaría la transparencia del referendo". Por el contrario, el senador uribista Mario Uribe apoya la ampliación: "La prórroga puede ser una buena alternativa para que alcaldes y gobernadores cumplan con su programa de gobierno". Sin embargo a los congresistas les pesan más los argumentos de supervivencia política que las ventajas de tener mandatarios locales con cuatro años de gobierno. En contraste, alcaldes y gobernadores salieron a apoyar la propuesta gubernamental. El presidente Uribe aprovechó el escenario del Congreso de Municipios en Barranquilla para ratificar la medida y anunciar otra nueva adición al proyecto: la reducción de los honorarios de concejales y diputados. El primer mandatario estaría reviviendo una propuesta que hacía parte del borrador original del gobierno y que había recibido la oposición del liberalismo oficialista. No habría un mensaje tan demoledor para la confianza entre el Partido Liberal y el gobierno que volver a proponer artículos que ya han sido discutidos. Si a esto se le suma al creciente escepticismo de los congresistas liberales a la reforma tributaria en las comisiones económicas del Parlamento y al lanzamiento del programa económico del Partido Liberal por Horacio Serpa, no sería descabellado imaginar que la posición negociadora del oficialismo se transforme en una actitud opositora. Es claro que el gobierno tiene todo el derecho a incluir temas y que el Congreso los apruebe o no; sin embargo esta actitud deja la puerta abierta a una cascada de nuevos artículos que no hacen más que entorpecer la discusión. Al ser el primero en romper el pacto, el gobierno tendrá que hacer ahora un poco más de esfuerzo para controlar el texto final del referendo. Es pronto para asegurar que estos tres nuevos artículos serán el preludio a un triste final para el proyecto. La gran mayoría de los puntos siguen contando con un amplio consenso y en algunos polémicos, como la congelación del gasto, el gobierno todavía maneja las mayorías tanto en comisión como en plenaria.Asimismo, el Congreso ya está discutiendo los proyectos de acto legislativo que incluyen en su articulado muchos temas del referendo. Para el senador conservador Luis Humberto Gómez, "es una especie de seguro de vida para que si se malogra el referendo se salven algunos temas importantes". Pase lo que pase con el referendo, el trámite de este acto legislativo le garantiza a la reforma política un nuevo espacio de discusión. Con 18 artículos el proyecto de referendo se parece cada vez más al "arbolito de Navidad" que temían algunos congresistas hace unas semanas. El peligro está en que por improvisación política y por jugada electoral el gobierno y el Legislativo le cuelguen tantas bolas, regalos y luces que el "árbol" termine por desplomarse en la mitad de la sala.