SEMANA conoció en exclusiva el listado de los 676 candidatos a las próximas elecciones regionales que estarían inhabilitados por cuenta de sanciones disciplinarias proferidas en su contra por la Procuraduría General de la Nación.
“El listado de sancionados se envía al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se realice la correspondiente investigación y se verifique si hay lugar a la revocatoria de inscripción”, indicó la procuradora Margarita Cabello.
De acuerdo con la Procuraduría, de los inscritos, 14 aspirantes a alcaldías presentan inhabilidades; 19 para diputados; 560 tendrían impedimentos en concejo; 3 para gobernación; 55 para Juntas Administradoras Locales y 25 inscritos con aspiraciones para edil en Bogotá.
En cuanto a los departamentos con mayor número de candidatos con anotaciones de inhabilidades, la lista la encabeza Antioquia, con 81 inhabilitados; le sigue Santander, con 66; Cundinamarca, 63; Tolima, 43 y Valle del Cauca, con 43 aspirantes inscritos, quienes presentan anotaciones relacionadas con inhabilidades para el desempeño del cargo al cual se inscribieron.
Finalmente, en el listado por municipio, Bogotá registra 30 candidatos que estarían inhabilitados, Bucaramanga, Ibagué y Piedecuesta registran 8, y cierra el listado Barrancabermeja con 7 candidatos inhabilitados.
¿Rodolfo Hernández está inhabilitado para las próximas elecciones? Esto es lo que dice la Procuraduría
Aunque el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández aún no aparece en la lista de candidatos inhabilitados debido a que no ha sido notificado de la última sanción en su contra, de acuerdo con la Procuraduría, no podrá aspirar a la Gobernación de Santander para las próximas elecciones regionales.
En su análisis de la última sentencia de la Corte Constitucional en relación con las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto, el Ministerio Público advierte que aquellos funcionarios sancionados más de tres veces en los últimos cinco años automáticamente quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por tres años en los casos en los que la última sanción impuesta es inferior a ese término.
En el caso de Hernández, en mayo de este año, la Procuraduría lo inhabilitó en primera instancia por 14 años para ejercer cargos públicos por interés indebido en el caso Vitalogic. El Ministerio Público probó que el exalcalde de Bucaramanga tuvo interés indebido en el proceso de selección del contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos.
También tiene tres sanciones disciplinarias en firme: la primera es una sanción de suspensión por dos meses por maltrato verbal al ingeniero Wilson Motta, quien se desempeñaba como supervisor de un contrato de obras públicas; la segunda sanción fue proferida en agosto de 2020 por el término de ocho meses por maltratar verbalmente y golpear al concejal John Jairo Claro Arévalo; la tercera sanción es una suspensión de cuatro meses por tratar en términos irrespetuosos y desobligantes al veedor ciudadano, Fernando Martínez Arenas, durante una actividad pública.
La última sanción contra Hernández fue confirmada hace apenas unos días, al hallarlo responsable de haber irrespetado a un veedor ciudadano durante un evento público realizado en el parque Solón Wilches, en la capital del departamento de Santander.
Según el Ministerio Público, la decisión en firme se debió a que Hernández trató “en términos irrespetuosos y desobligantes” al ciudadano.
A través de un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular aclaró cualquier duda sobre las palabras usadas por el entonces alcalde en contra del veedor Fernando Martínez Arenas, quien le reclamó por la poda de árboles que se llevaba a cabo por parte de funcionarios de la Empresa Municipal de Aseo.
Los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2018. Hernández, ante el reclamo de Martínez Arenas, entró en cólera y respondió de forma irrespetuosa cuando le dijo al ciudadano “lavaperros”, incumpliendo con “el principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”, señaló la Procuraduría.
“El funcionario tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos. Cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones por ellos adoptadas, y estas tienen el deber de resolver con respeto esas peticiones”, explicó la Procuraduría.