En las audiencias que han avanzado por el caso de la presunta desmovilización de Cacica La Gaitana de las FARC (marzo del 2006) se ha escuchado el nombre del exdirector de inteligencia del Ejército el general (r) Leilo Suárez Tocarruncho. Sobre el caso, Mildred Hartmann, la abogada del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo (imputado), ha sido enfática en decir que es ilógico pensar que su defendido pudiera haber tenido dudas sobre la existencia de Cacica la Gaitana, si se tiene en cuenta que para lograr la desmovilización se contó con la aprobación del entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina; el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega; el director de inteligencia del Ejército, general Leilo Suárez Tocarruncho, y el presidente de la época, Álvaro Uribe. "Esas personas tenían información privilegiada, ¿cómo iba mi cliente a desconfiar?", aseveró la defensa de Restrepo, y fue más allá. “El general Leilo Suárez fue la persona que se encargó de las armas (...) Mi cliente tampoco tuvo nada que ver con eso", aseguró. "Con la ceremonia de desmovilización apenas empezaba el proceso, no como ha querido mostrar la Fiscalía", dijo Harmann, al reiterar que después del día del desarme otros exfuncionarios, incluido Tocarruncho, hicieron parte de la supuesta falsa desmovilización. Pero los señalamientos de la abogada no han sido los únicos que durante las audiencias por este caso se han escuchado. Tal vez por eso la noticia que se conoció este miércoles, cuando la Fiscalía anunció que le imputará cargos a Suárez Tocarruncho por peculado por apropiación a favor de terceros; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y fraude procesal no sorprendió a muchos. El fiscal, Francisco Villareal, también lo había mencionado. Así como el procurador del caso, Jairo Acosta, quien señaló que el entonces jefe de inteligencia del Ejército se reunió con Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, en la cárcel La Picota. Allí se habría fraguado la desmovilización, cuya credibilidad cuestiona el ente acusador. Según la Procuraduría, este general fue quien dio la orden al coronel Jaime Ariza y al coronel en retiro Hugo Alberto Castellanos (ambos ya vinculados a este caso) para que se encargaran del manejo y el transporte de las armas que desde Santa Marta fueron llevadas al lugar de la desmovilización, y cuya financiación habría estado en manos del presunto narcotraficante Hugo Alberto Rojas. Pero la acción de Suárez Tocarruncho, según el Ministerio Público, no quedó ahí. “Él fue el encargado por parte de la alta oficina del alto comisionado para la paz de desarrollar todo el proceso”, dijo el vocero de la Procuraduría, quien explicó que el general tenía información privilegiada sobre la estructura que haría parte de la desmovilización. No muy contrario es el concepto de la Fiscalía, que asegura que Suárez Tocarruncho tenía las identidades de las personas que hicieron parte de la presunta falsa desmovilización, que para el ente acusador no habría sido posible sin él. Al general en retiro también se ha referido José Alfredo Pacheco, una de las personas que destaparon la presunta falsa desmovilización. Según él, "de todo esto sabían el general (Mario) Montoya y el general Suárez Tocarruncho". Los delitos por los que será acusado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá radican justamente en hechos ocurridos en el 2006 (fecha en que se produjo el desarme de Cacica La Gaitana) y cuando ejerció como director de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Nacional.