El sueño de ir al mundial quedó en las nubes para dos decenas de hinchas de la selección Colombia en Bucaramanga. Las maletas estaban empacadas para aterrizar en tres semanas y ver jugar a la selección Colombia y a las mejores del mundo. Sin embargo, el paseo se les comenzó a aguar cuando sus llamadas para confirmar los planes turísticos que habían comprado dejaron de tener respuesta. Por el Mundo SAS es la firma representada por Lizeth Ximena Buitrago Chacón que vendió los paquetes. Los hinchas adquirieron tiquetes por un precio aproximado de 3 millones de pesos y entradas a los partidos de fútbol por un millón ochocientos mil pesos. También se vendían opciones de hospedaje, city tours y alimentación.Pero una vez pagaron, la firma dejó de contestarles a sus peticiones para que enviaran la confimación de los vuelos o las boletas para ingresar a los estadios en Rusia. Con desilusión, 20 personas acudieron ante la Superintendencia de Industria para reclamar por lo que temían era una estafa.Sus miedos se confirmaron rapidamente cuando la SIC hizo la primera averiguación y encontró que la firma no está acreditada por la FIFA como organizadora del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Ello implica que la sociedad suministó a sus clientes información engañosa respecto a la venta de boletas para ingresar a los partidos de fútbol, ya que al no ser patrocinadores de la FIFA no cuentan con la disponibilidad de dichas entradas.La SIC inició una actuación administrativa y elevó pliego de cargos en contra de la sociedad anónima y su representante legal, que ahora deberán responder por los dineros que fueron pagados por los turistas presuntamente engañados. Según la Superintendencia, el valor de los paquetes turísticos y boletas de ingreso a los partidos, respecto de los cuales la sociedad no ha respondido a sus clientes supera los 250 millones de pesos.Por solicitud de la Superintendencia, la Fiscalía investigará a la sociedad por presunta estafa. La entidad dictó como medida cautelar el bloqueo de las cuentas bancarias de la firma y de su representante legal, el congelamiento del 100 por ciento de los recursos en ellas depositados y la prohibición de realizar transacciones sobre los dineros existentes. Además, ordenó el embargo de todos los bienes que figuren a nombre de los implicados. Todo ello con el fin de asegurar recursos para salvaguardar el derecho de los consumidores afectados.