A través de un comunicado de las empresas colombianas de seguridad se conoció una grave denuncia que se estaría presentando con las compañías de ese sector y un poder que tendría la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para suspender las licencias de funcionamiento de dichas empresas sin tener ningún tipo de proceso investigativo y que ha dejado la pérdida de 55.000 empleos.
El caso se conoce en medio de la situación de orden público e inseguridad que se vive en el país, que tan solo en Bogotá deja hasta el momento más de 7.000 robos a personas, así como hurtos a vehículos y residencias, según cifras de la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
En dicho documento el gremio ECOS, que agrupa las Empresas Colombianas de Seguridad, aseguró que “la Supervigilancia tiene la potestad de parar el funcionamiento de cualquier empresa de seguridad privada sin un proceso de investigación o intervención como sucede con cualquier otro tipo de empresas, como las EPS, pero esto ha dejado miles de personas sin empleo, y lugares del país a la merced de la delincuencia”.
Por eso, en el Congreso de la República viene caminando un proyecto de Ley con el que se busca que la Superintendencia de Vigilancia pueda suspender o cancelar la licencia o credencial expedida, pero con una aplicación del debido proceso, es decir, una investigación que permita hallar las inconsistencias para tomar ese tipo de decisiones.
“En este momento los bancos les niegan créditos a las empresas de seguridad, ya que constantemente tienen que estar solicitando nuevas licencias de funcionamiento, además, evitan contratar un mayor número de guardas de seguridad porque no sabrían cómo responder por un contrato a un año de un empleado, si la SuperVigilancia llegará a cerrarles la empresa a mitad del contrato”, aseguró José Saavedra, presidente de ECOS.
Esta situación se da en medio de la oleada de inseguridad que se vive en el país y que deja casos como el robo a un ganadero en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, a manos de hombres armados que vestían prendas de la Policía Nacional.
El coronel Óscar Landazábal, comandante operativo de seguridad ciudadana N.º 1 de la Policía de Bogotá, aseguró a SEMANA que “se presenta un hurto a una persona en la localidad de Usaquén e inicialmente se conocen unos videos por redes sociales. Llaman a una patrulla de la Policía y al verificar este caso, podemos establecer que el hurto se había presentado tres horas antes”.
En Neiva, por ejemplo, a las autoridades les tocó desactivar en las últimas horas un paquete con un artefacto explosivo, justo un mes después de que las disidencias de las Farc detonaran un carro bomba cargado con varios cilindros explosivos frente al batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército. Casos que se suman a todo el panorama de inseguridad que azota al país.