El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aseguró que ante la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General por el abogado de la empresa Keralty S.A.S., Juan David Riveros, por las irregularidades que se presentaron durante la intervención a la EPS Sanitas no ha recibido una notificación al tiempo que desconoce cuáles son los argumentos.
“Primero conocer cuáles son los argumentos que ha dado Keralty y hay que decir que la Superintendencia ha actuado de acuerdo con las normas vigentes y con la ley y que la medida que se ha impartido en intervención por su Administrativa frente a Sanitas, a Nueva EPS y a SOS, tienen toda la argumentación y el sustento jurídico para darse”, señaló Leal.
En la mañana de este lunes, 15 de abril, Riveros radicó la denuncia contra Leal por las irregularidades durante la intervención y los evidentes “vicios de ilegalidad” que se promovieron desde el Gobierno.
Para el jurista, con este tipo de acciones se busca “privar a los socios de la EPS del derecho a la propiedad”, lo cual va en contravía de los derechos fundamentales que están en la Constitución Política. Igualmente, le pidió al superintendente hacer mención de cualquier tema relacionado con la intervención, puesto que ha emitido varios comentarios negativos y peyorativos en contra de las EPS.
Ante los cuestionamientos hechos en los últimos días, el Superintendente manifestó que cuenta con toda la documentación para sustentar la polémica intervención a las tres EPS.
En Vicky en Semana, el abogado del grupo Keralty, Juan David Riveros, explicó las razones por la que denunciaron al Gobierno Petro ante la Fiscalía General de la Nación tras dicha intervención, que han calificado de “improvisada e ilegal”.
“Después de lo que nosotros consideramos es un acto arbitrario por parte de la Superintendencia de Salud, que termina con la intervención de la EPS Sanitas, lo que hemos hecho es diseñar una estrategia jurídica para dirigirnos a los jueces de la República, tratando de evitar que continúe este acto arbitrario y lograr recuperar la administración de la EPS”, dijo el abogado.
Riveros también explicó que la finalidad es “recuperar, a la mayor brevedad, la administración de la EPS, pensando fundamentalmente en que podamos continuar prestando el servicio para nuestros usuarios, como lo hemos hecho desde hace algo más de 43 años de presencia en Colombia”.
Riveros insistió en que la intervención a Sanitas fue “abiertamente ilegal”, además de haber sido “desproporcionada y discriminatoria”.
“Esa es la razón por la cual nosotros acudimos el día de hoy, como inicio de una estrategia legal, a la Fiscalía General de la Nación, para proponer una denuncia en contra del superintendente nacional de Salud, porque consideramos que la decisión en sí misma está por fuera del ordenamiento jurídico por muchas razones”, aseguró.
Entre esas razones que expuso Riveros en Vicky en Semana está “que toman una decisión que no tiene sustento legal y suspenden a la junta o a la asamblea de accionistas de la EPS. Eso lo que quiere decir es que están desconociendo el derecho a la propiedad de unos particulares en una empresa y eso es tremendamente grave y no está recogido ni tiene sustento en ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano, es decir, está absolutamente por fuera de la ley”.