La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa de la EPS Coomeva, porque considera que pone en riesgo a sus 1,3 millones de usuarios en la prestación del servicio. En mayo, el ente había ordenado la toma de posesión.
La medida tomada por el ente de control regirá por un año, debido a los distintos hallazgos que demuestran la condición compleja de la empresa que llevaba cuatro meses bajo toma de posesión por parte de la Superintendencia.
Con corte a julio de 2021, esta registraba indicadores financieros críticos con pérdidas acumuladas por $81.000 millones de pesos, un déficit de patrimonio de $743.000 millones, un índice de solvencia de $486.000 millones y un nivel de endeudamiento 1,56 veces el valor de sus activos.
“La EPS Coomeva presenta debilidades en el pago oportuno de sus obligaciones y en el suministro de medicamentos, una baja cobertura de red en los tres niveles de complejidad, así como deficiencias en el modelo de atención en salud, reflejadas en los indicadores de efectividad y gestión del riesgo”, aseguró el delegado (e) para Entidades Administradoras de Servicios de Salud de la Superintendencia, Henri Philippe Capmartin.
Por otra parte, el concepto técnico realizado por el ente concluyó que la situación de la EPS pone en riesgo su sostenibilidad y la consecuente prestación del servicio de salud a sus usuarios.
Entre agosto de 2020 y 2021 la EPS Coomeva perdió al 17 % de sus afiliados, 268.484 personas, una de las disminuciones más fuertes entre las empresas del sector de aseguramiento en salud para ese mismo periodo.
De acuerdo con la superintendencia, la EPS no realiza el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas, tales como cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, y presenta deficiencias en la gestión del riesgo en la población gestante. Asimismo, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas por los usuarios durante los primeros siete meses del año fueron 37.565 en el régimen contributivo.
Entre enero y julio de 2021 se notificaron 3.424 acciones de tutela de usuarios contra esa EPS, por la falta de oportunidad en la prestación de los servicios, por la demora en la expedición de órdenes no quirúrgicas, por inconformidad con el prestador asignado y por la falta de pertinencia médica e inoportunidad del prestador en la práctica quirúrgica.
Para el ente de control, Coomeva presenta fallas de operatividad, disponibilidad y suficiencia de la red de servicios que afectan la capacidad de atención y detección temprana de patologías, aumentan la gravedad y provocan congestión de los servicios de urgencias.
Además, de acuerdo con el informe de la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS presenta un riesgo de liquidez porque no ha constituido las inversiones que le permiten cumplir el indicador de régimen de inversiones que respaldan las reservas técnicas.
Felipe Negret Mosquera seguirá siendo el agente especial interventor, quien tiene ahora el deber de implementar un plan gradual de salvamento que permita trabajar en la recuperación de los distintos indicadores de la EPS, elaborar un programa de pagos para los acreedores y corregir la prestación de los servicios de los usuarios.
Dicho plan tiene sus bases establecidas en la resolución que ordena la intervención forzosa, en donde hay una serie de actividades que debe desarrollar el agente especial interventor, entre ellas: garantizar que la red integrada de servicios de salud permita el acceso de servicios a la población de manera justa e implementar estrategias para garantizar la continuidad, el acceso a servicios, la oportunidad y seguridad en la prestación de los servicios médicos y tecnologías en salud de sus usuarios.
También le corresponde al agente implementar procesos periódicos de auditoría a la red de prestación de servicios de salud contratada que incluyan análisis de PQRD; ejecutar acciones para conciliar, depurar y pagar las obligaciones pendientes; cumplir con las condiciones financieras y ejecutar el proceso de identificación, alistamiento, presentación y conciliación de los cobros y recobros ante las entidades responsables de pago de servicios.