La Contraloría General de la República, a través de su Delegada de Salud, realizó un estudio en el que analizó el tema de las inconformidades de los usuarios de algunas EPS en relación con la prestación de los servicios de salud, en el periodo 2018-2022.
Paro esto, inicialmente se analizaron las inconformidades de los ciudadanos con la atención en salud que fueron reportadas ante la Superintendencia Nacional de Salud en estos 5 años.
En total, en este periodo, dicha entidad recibió 4.436.032 de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, de las cuales 1.690.128, es decir, el 38 %, fueron por riesgo de vida, en las que el paciente se encontró en una situación en que su vida o integridad estaba en peligro si no recibía atención médica inmediata.
Puntualmente, a través de la Dirección de Estudios Sectoriales de esta delegada, se evaluó la gestión de 10 Entidades Promotoras de Salud, EPS, del régimen contributivo y 21 del subsidiado, de las cuales cinco EPS son indígenas, frente a la prestación de servicios de salud para los años señalados.
Las reclamaciones más frecuentes de los usuarios fueron: la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguida de retrasos en la autorización y en la entrega de medicamentos.
Adicionalmente, la Contraloría revisó los informes de la Defensoría del Pueblo que consolidan las tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados, reclamando el derecho a la salud. Y el dato que se consolidó es que durante los años 2018- 2021, se reportaron 483.866 peticiones, de las cuales fueron concedidas en primera instancia el 72,5 % promedio anual.
Los motivos contenidos en las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el mayor porcentaje (62,6 %) fueron por deficiencias en la atención, correspondientes principalmente a servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diferentes enfermedades. La segunda causa fue el acceso a medicamentos con el 14,7 %.
Como recomendación general de este estudio, se sugiere que las entidades de vigilancia y control fortalezcan aceleradamente el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS, tanto para el cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en prestación de servicios y la administración del flujo de recursos establecido por el sistema para garantizar el derecho fundamental a la salud.
El estudio de la Contraloría también encontró que se emitieron ocho sanciones económicas a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) durante el periodo estudiado, por la suma de $6.642.848.730. Las entidades sancionadas fueron Medimás, Saludvida y Caja de Compensación Comfacundi.
Respecto al pago de las multas, la Ley es clara en decir que estas: deben hacerse con recursos diferentes a los de la entidad, si es impuesta a título personal, y si es a personas jurídicas, deberán ser asumidas con su patrimonio y en ningún caso para su pago se podrá acudir a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.