La Procuraduría General de la Nación suspendió por cuatro meses al gobernador del Vichada, Álvaro León Flórez, por presuntas irregularidades en un contrato para la entrega de mercados a población vulnerable en el marco de la pandemia. Así mismo, también fue suspendido por el término de seis meses al técnico operativo de Compras y Suministros de la Gobernación, Cicerón González García.
El Ministerio Público señaló que el gobernador omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el contrato de compraventa N.° 366 de 2020 sin "verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad". El contrato, firmado el pasado 3 de abril, tenía como objetivo la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales. Tenía un valor de $1.714.041.000. "Se pudo establecer que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como el AIU (valores determinados para administración, imprevistos y utilidad), impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística, lo que generó un sobrecosto de $312.103.470, como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual", señaló la Procuraduría.
Para la Procuraduría, el gobernador no adelantó el control requerido a la actuación administrativa para disminuir y/o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional. La falta fue calificada como grave a título de culpa grave. Con relación a Cicerón González García, el ente de control lo halló responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por la covid-19.
Como técnico de compras no analizó ni examinó las cotizaciones para obtener un costo real de cada mercado que le permitiera validar los precios más favorables para la Gobernación y evitar efectos negativos sobre el patrimonio público de la región. La falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave. El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de los investigados.