ALCANCE.
A solicitud de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, procedemos a dar alcance al comunicado emitido por la Procuraduría sobre la sanción a vicerrectora académica del Colegio Mayor de Cundinamarca, en el sentido de que la suspensión mencionada que le fue impuesta a la entonces vicerrectora de la Universidad Sra. Ana Isabel Mora Bautista es susceptible de recurso de apelación y mientras este no se decida no hay sanción ejecutoriada, y además, que los hechos relatados como objeto de dicha sanción datan del año 2016 por lo que no tienen relación alguna con el acto de elección de la actual rectora, ni involucra a los directivos actuales de la entidad.
Hay conmoción en el entorno cercano al Colegio Mayor de Cundinamarca, así como entre los miembros de la comunidad educativa. Y es que a pesar de la normal actividad de tal establecimiento, un importante funcionario acaba de ser suspendido por irregularidades dadas recientemente. La Procuraduría adelanta acciones en el caso.
De acuerdo a la información recogida por las autoridades nacionales, Ana Isabel Mora Bautista, quien en el momento de los hechos era vicerrectora y miembro de la junta directiva del claustro, fue inhabilitada por cuatro meses.
La razón de la decisión fue porque esta omitió la norma constitucional que la impedía de votar en la elección del rector para el período de 2016 a 2020, debido a que el aspirante –a su vez– había participado en su nombramiento como representante de las directivas académicas ante el consejo superior de esta institución educativa, según comenta el Ministerio Público.
Iniciado el proceso disciplinario, el organismo dictaminó un fallo en primera instancia, en el que se señaló que “por disposición del artículo 15 del Estatuto General de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, los integrantes del Consejo Superior Universitario están sujetos a los impedimentos, las inhabilidades y las incompatibilidades de que trata la Constitución”.
De la misma manera, se precisó que la funcionaria se sobrepasó al irrespetar los principios de imparcialidad y confianza existentes en esta clase de procesos, infringiendo la norma habida en la Carta Política existente.
“(No) podrán nombrar ni postular como funcionarios, ni celebrar contratos estatales con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación”, afirmó la Procuraduría.
Así las cosas, el Ministerio Público “calificó la falta de la sancionada como grave a título de culpa grave, teniendo en cuenta que por su trayectoria como directiva docente debió verificar directamente en la Constitución si estaba incursa en prohibición para participar en la elección del rector”.
No en vano, este no es el único escándalo que existe en términos de educación en el país, ya que en las regiones acontece algo relacionado al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Procuraduría pide a los gobernadores de Cauca y Caquetá resolver la falta de financiación del PAE; ¿qué está pasando?
La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en Colombia debido a la falta de recursos para asegurar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta el final del calendario académico 2023. El ente de control recordó a los mandatarios territoriales su obligación de “apropiar y reservar” los recursos necesarios para garantizar este importante programa.
En este caso, la alerta fue dirigida a los gobernadores de los departamentos de Cauca y Caquetá, así como a los alcaldes de Neiva, Montería, Villavicencio, Pitalito y Buenaventura. El Ministerio Público les ha enfatizado su responsabilidad de adelantar los procesos de contratación para asegurar la prestación continua del servicio y garantizar los recursos para el segundo semestre del año.
Según la Procuraduría, la preocupación radica en que la mayoría de estas entidades solo cuentan con recursos para la cobertura del programa hasta finales de julio, y hasta la fecha no han adelantado las acciones necesarias para adicionar contratos que cubran el resto del año.
En respuesta a la situación, los mandatarios deberán informar a la Procuraduría sobre el estado actual de los procesos contractuales para el PAE en el segundo semestre y presentar los soportes necesarios. En caso de haber solicitado recursos adicionales a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación (UApA), también deberán presentar la copia de la solicitud y la respuesta recibida.
La Procuraduría ha reiterado que “el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos y el Estado debe respetar, proteger y cumplir los componentes mínimos que conforman el derecho fundamental a la educación en todos los niveles del sistema”.
Ante la urgencia de asegurar la continuidad de este programa esencial para miles de estudiantes en Colombia, se espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar su adecuada financiación y ejecución en beneficio de los niños y jóvenes del país.