En un operativo de control y seguimiento contra la minería ilegal, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medida preventiva de suspensión de actividades a seis minas artesanales ubicadas en varios predios privados de la vereda Gachaneca del municipio de Ráquira (Boyacá), por no contar con licencias ambientales ni los títulos mineros que exige la normatividad colombiana.
Durante el procedimiento, adelantado en coordinación con el Grupo de Carabineros de la Policía de Villa de Leyva y la Unidad Nacional de Minería (UNM), fueron encontradas en flagrancia 16 personas, quienes realizaban la extracción ilícita de carbón, la mayoría sin los elementos de protección necesarios para salvaguardar su integridad física. Algunos, incluso, trabajaban en sandalias, según indicaron funcionarios de la CAR.
Los sindicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la imputación de cargos.
“Logramos evidenciar afectaciones en la cobertura vegetal, la flora, el suelo y el paisaje. Daños a los recursos naturales irreparables, debido a la inadecuada disposición de los residuos y el mal manejo de aguas residuales”, aseguró Jahanna Castro, directora regional de la CAR en Chiquinquirá.
La funcionaria informó que luego de legalizar la medida iniciará el proceso sancionatorio contra los presuntos responsables, incluido el arrendador y poseedor del predio. Sobre el particular, Castro afirmó que el implicado explicó a las autoridades que su negocio consistía en arrendar por partes el terreno para la explotación de carbón.
“En el lugar también hallamos madera de diferentes especies y tamaños de la que se desconoce su procedencia. Con ese material construían los túneles al interior de la mina, los cuales no cumplían con la altura mínima”, resaltó.
Además, en el sector fue observada una especie de container y una vivienda improvisada en madera y plástico, donde se alojaban algunos trabajadores. “Estas no cuentan con condiciones higiénicas y sanitarias.
Los residuos originados por las personas se visualizan en los alrededores de la bocamina. Tampoco se observó pozo séptico”, señala el informe técnico del operativo.
Durante la diligencia fueron decomisados por la Policía varios equipos que eran usados para la extracción del mineral como malacates, motores y guayas, entre otros.
Descubren nueva tala de árboles y remoción de tierra en área de conservación ambiental de Girardot
Recientemente, La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso medida preventiva de suspensión de actividades en el predio denominado Rancho Gran Chaparral, ubicado en la vereda Agua Blanca del municipio de Girardot (Cundinamarca) donde, según funcionarios de la entidad, se desarrollaban labores irregulares de tala de árboles y remoción de tierra.
Durante el operativo que se llevó a cabo en coordinación con el Fuerte de Carabineros de la Policía Nacional en Girardot, fue encontrada en flagrancia una persona que realizaba la remoción con una retroexcavadora de oruga en esta zona categorizada como área de conservación y protección ambiental, según el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) del río Magdalena.
“Los hechos que originaron la imposición de esta medida son la tala ilegal de especies arbóreas silvestres, la remoción de tierra y las quemas a cielo abierto sin las licencias ambientales necesarias”, dijo José Luis Trujillo, director de la Regional Alto Magdalena de la CAR, quien explicó que la maquinaria fue decomisada preventivamente.
El funcionario informó que, luego de legalizar y comunicar la medida, iniciará el proceso sancionatorio contra los presuntos responsables, incluido el propietario del predio y las personas que habían sido capturadas por la Policía de Carabineros el pasado 29 de diciembre de 2022 en un operativo adelantado en ese mismo predio por tala forestal ilegal.
En ese entonces el equipo técnico de la CAR evidenció la tala de más de 300 individuos arbóreos de especies como algarrobo, guácimo, diomate, payandé, guayacán y acacia cornígera de diferentes dimensiones entre los que se registraban árboles de 8 y 15 metros de altura y 15 a 20 centímetros de diámetro.
“Se trató de un proceso progresivo de desmonte de dos hectáreas aproximadamente. Adicionalmente, se constató la ausencia de la cobertura vegetal por quemas a cielo abierto en un polígono de 5.600 metros cuadrados”, explicó Trujillo.
Durante esa diligencia fueron decomisados, además del material forestal, los machetes y motosierras con las que se adelantó el aprovechamiento forestal.
“En este segundo operativo nos percatamos del incumplimiento de la primera medida preventiva, pues no solo habían hecho más movimientos de tierra, sino la tala y limpieza de una nueva área dentro del mismo predio”, añadió el funcionario en su momento.