La esperada audiencia de conciliación entre la Cancillería y la firma Thomas Greg & Sons, programada para este 30 de noviembre, tuvo un giro inesperado al reprogramarse para el próximo 15 de diciembre. La audiencia, que comenzó sobre las 9:30 de la mañana, se suspendió después de solo una hora, debido a la presentación de una certificación por parte del apoderado de la Cancillería, Fernando Calderón España.
En la certificación, el comité de conciliaciones de la Cancillería aceptó la solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para explorar un acuerdo extrajudicial. Juan Pablo Estrada, representante legal de Thomas Greg, propuso renunciar a la exigencia de 10 mil millones de pesos en perjuicios y ofrecer servicios adicionales por 4 mil millones de pesos.
Aunque Martha Lucía Zamora, jefa de la Agencia de Defensa Jurídica, no estuvo presente en la audiencia, su solicitud de buscar vías de arreglo fue respaldada por todas las partes. Dado el ánimo conciliatorio, la procuradora encargada de la audiencia suspendió la diligencia y citó a todas las partes nuevamente para el 15 de diciembre a las 9 de la mañana.
Thomas Greg ya había mostrado disposición anteriormente al reducir las pretensiones de la demanda por daños y perjuicios. Además, la firma ofreció un valor agregado si la Cancillería le adjudica el contrato. Cabe destacar que, en esta nueva propuesta, solo solicitarían tres años de ejecución en lugar de los cuatro originalmente contemplados en la licitación por 599 mil millones de pesos.
Las dudas en torno al proceso de licitación
El proceso de licitación fue un manto de dudas desde que comenzó. Desde el pasado mayo se había denunciado que el Ministerio de Relaciones Exteriores estaba favoreciendo a Thomas Greg, compañía que lleva 17 años suministrando los pasaportes en el país, con pliego de requisitos que lo beneficiaba, por encima de otros interesados en obtener la licitación, como Unidad Temporal Libretas 2023.
De hecho, el pasado 31 de julio, el proceso de licitación había quedado suspendido y solo se reanudó el 4 de septiembre. Una acción popular argumentaba que el proceso licitatorio “vulneraba la protección de derechos e intereses colectivos, la moralidad administrativa, la libre competencia y el patrimonio público”. No obstante, fue desestimada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La reanudación desde la Cancillería se registró después de un llamado de atención de órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría, para que se pudiera seguir cumpliendo con el servicio de expedición de pasaportes.
La Procuraduría había advertido sobre la posibilidad de que la demora en la reanudación del proceso licitatorio pudiera generar obstáculos en la entrega de pasaportes y, en consecuencia, afectar el funcionamiento normal del servicio.
Por su parte, la Contraloría General de la República también había lanzado una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debido al “inminente riesgo” detectado en torno al proceso licitatorio suspendido de suministro, formalización y distribución de pasaportes.
En un pronunciamiento dirigido al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, instó a tomar medidas inmediatas para prevenir la “parálisis o intermitencia” en la expedición de pasaportes tanto a nivel nacional como internacional.