Todavía retumban Los ecos de la decisión judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que suspendió a Uber en Colombia. Y las reacciones, lejos de cesar, aumentan. Muchos ciudadanos se declararon indignados por no tener este servicio que complementa su oferta de transporte en medio del caos de la movilidad. Y algunos líderes del gremio de taxistas aplaudieron la determinación con polémicos y desatinados comentarios, algunos misóginos. Por su parte, la plataforma multinacional lanzó explicaciones, en algunas ocasiones arrogantes y prepotentes, sobre la forma como opera, mientras exigía la expedición de un decreto presidencial para quedarse. A todo ello se sumó la reacción del Gobierno en busca de soluciones, en medio de proyectos de ley para regular la actividad, pero sin la tracción para convertirse en la agenda prioritaria.

La situación ha desatado una tormenta en el sector de transporte por las implicaciones de tener vigente y sin modernizar una legislación de finales del siglo pasado. Pero también lo ha hecho frente a los profundos y complejos cambios que impulsa la revolución tecnológica en sectores tradicionales, con nuevas propuestas, nuevos hábitos de consumo y una alta tensión competitiva en los mercados. Se trata de piezas recientes que no encajan en un rompecabezas regulatorio y legalmente anticuado. Y el caso de Uber deja en evidencia la distancia que deben recorrer hoy Colombia y muchos países para ajustarse a esos entornos.

Es un tema de fondo: la disrupción tecnológica está cambiando el modo de vida de las personas, en un escenario en el que hay que adaptar las reglas al nuevo ambiente. Y en ese sentido el desafío es gigantesco. Se requiere la competencia para que el mercado funcione abiertamente y con la mayor cantidad de jugadores, tanto entrantes como establecidos, sin provocar efectos perversos, como crear o mantener monopolios para cualquiera de los protagonistas del sector. La competencia es el mejor estímulo para el crecimiento económico, pues obliga a las empresas a innovar y buscar los mecanismos para crecer. Lo peor que puede pasar es que alguien gane el mercado por W; es decir, por ausencia de competidores. O que ocurra lo que acaba de suceder con Uber y los taxistas, donde quedó la amarga sensación de vencedores y vencidos.

Por otra parte, la revolución tecnológica también exige buscar una mayor transparencia en materia tributaria y laboral para los nuevos desarrollos. Esto significa equilibrar la cancha para todos los actores: los trabajadores de las plataformas; los consumidores, que buscan acceso a más y mejores servicios con mejor calidad; y las compañías establecidas, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Asimismo, las nuevas plataformas y empresas tecnológicas deben tener modelos de negocios que funcionen y sean más inclusivos, sobre todo, en esta época de tensión social. Sin embargo, el país y muchas partes del mundo, al parecer, van a otro ritmo. Esta discusión preocupa porque no es nueva ni distante. Uber completó en Colombia más de un lustro, con debates hasta ahora estériles en torno a su legalidad, que se suman a amenazas y demandas de los taxistas por mantener el statu quo.

Pero una cosa es discutir en el sofisticado mundo de los abogados de competencia o en las oficinas de los Gobiernos, y otra en el día a día de la gente. En Colombia, Uber tenía más de 80.000 conductores, 2,2 millones de usuarios y cerca de un centenar de empleados directos. Junto con otras plataformas que participan en el país lograron volverse parte del ecosistema de transporte nacional. Uber va hasta el 31 de enero como lo anunció y ya dejó de operar en Barranquilla. Esta decisión abre la puerta para que los sectores tradicionales amenazados aprovechen la regulación antigua para demandar a sus nuevos competidores: medios y empresas de telecomunicaciones contra Google o Facebook, los hoteles contra Airbnb, los canales de televisión contra Netflix o Amazon Prime. Pero también para que las plataformas y firmas de tecnología aprovechen esos vacíos legales a fin de copar espacios y generar contextos de competencia desequilibrados. La revolución tecnológica está impulsando cambios en los hábitos de consumo, nuevas propuestas y una alta tensión competitiva. Para muchos países, regular a las empresas tecnológicas se ha convertido en una verdadera papa caliente. Gigantes como Facebook, Google o Amazon casi se han convertido, hoy por hoy, en el mercado mismo. Según The Economist, Google en algunos países procesa 90 por ciento de las búsquedas en la web; Amazon captura más de 40 por ciento de las compras en línea en Estados Unidos; y Facebook, con más de 2.000 millones de usuarios mensuales, domina el sector de los medios. Además, Facebook y Google controlan dos tercios de los ingresos publicitarios en línea de Estados Unidos y tienen una participación muy parecida en otros países. Las barreras de entrada se consolidan. Las poderosas bases de datos que han construido les permiten a los gigantes tener una mina de información de las personas que acceden a la red. Pero también por su vigoroso brazo financiero y de inversión desarrollan agresivos procesos de compras, fusiones y adquisiciones, con las que limitan la posibilidad de que empresas nuevas con gran potencial puedan convertirse en el David que le gane a Goliat. Facebook lo hizo evidente con una intensa agenda en la que compró Instagram, WhatsApp y TBH, entre otras empresas.

Esta es, en la actualidad, una dinámica global: cómo regular las plataformas, facilitar la competencia en los mercados y lograr equilibrios tributarios para que los recursos irriguen a los países y las zonas donde operen. Desde el año anterior, la Ocde trabaja en la hoja de ruta que sirva de base para que los países miembro y otros observadores puedan gravar las plataformas y empresas tecnológicas a fines de 2020. Según los cálculos publicados en medios, en 2015 se estimaba que las empresas de la economía digital evadían 10 por ciento de los ingresos globales por impuestos a las utilidades corporativas. Pero esta proporción habría crecido en los últimos años ante el avance de sus productos y servicios. Pero también hay otros frentes de discusión. El caso de Uber ilustra claramente lo que pasa en el mundo y representa dos caras de una moneda. Una, el desarrollo de la economía digital y colaborativa, con un pensamiento global, disruptivo e innovador que ha descubierto nuevas maneras de hacer negocios. La otra, dominada por controversias acerca de su forma de actuar y hasta dónde estas nuevas empresas agregan valor o, simplemente, capturan el que otros sectores producen. Además, su impulso ha generado interrogantes por la relación laboral con quienes prestan sus servicios, y discusiones tributarias sobre el alcance en el recaudo y el pago de IVA e impuesto de renta. También, por las mencionadas preocupaciones por la competencia y la protección de datos del consumidor. La gran pregunta es si es posible regularlas y hasta dónde pueden llegar los países para ajustarlas a las normas. Adicionalmente, la tecnología, con la cuarta revolución industrial en marcha, se ha convertido en un instrumento de crecimiento e innovación. Nadie puede renunciar a ella. Ni los mercados para avanzar, ni los consumidores para tener más opciones, ni los países para evitar quedarse en el pasado. Se trata de un verdadero dilema digital.

¿Regular o desregular? La decisión de la salida de Uber de Colombia ha sido controvertida y está lejos de solucionarse (ver siguiente artículo). Pero como dice Mauricio López, gerente general de Beat Colombia, otra plataforma de transporte, “La situación actual es desafortunada, pero creemos que naturalmente acelerará las discusiones con los actores relevantes”. Surge la pregunta de si es posible adecuar las normas, empezar a jugar un papel clave en las discusiones en el Congreso y tratar de sacar en limpio unas nuevas normas legales. Pero ¿dónde poner el foco del debate: en una regulación sectorial o una mirada más general que incluya hasta desregular? Nada está claro. Por una parte, quienes defienden el desarrollo tecnológico, como el exministro de las TIC David Luna, dicen que la tecnología va más rápido que la legislación. “Pretender regular cada uno de los sectores es simplemente firmar la lápida del atraso. En unos años vamos a estar en esta misma pelea porque van a llegar los vehículos autónomos que no necesitan conductor y van a dejar a 95.000, 100.000 o 200.000 personas sin empleo”, dice.

Para él, no se trata de regular per se. Existe, en su concepto, la ley de neutralidad de red que permite transmitir los contenidos con libertad, a menos que tengan restricciones impuestas por la legislación. “Si mañana se pone al aparato estatal a regular los sectores donde la tecnología ha aparecido, tendría que dedicarse solo a eso. Falta enfoque, no solo es regular, también desregular”, agrega el exministro. Las plataformas se han convertido en la manera de conectar más rápidamente la oferta y la demanda. En ellas, la mano de obra de quienes prestan el servicio, domiciliarios o conductores de vehículos, se convierte en eje transversal del modelo. Incluso, ponen su capital de trabajo, en el caso de los vehículos. Por eso, la idea original planteaba que estas plataformas sirvieran para que algunos complementaran sus ingresos. Pero en contextos como los de América Latina, con altos niveles de desempleo y un dramático proceso migratorio de venezolanos, no ofrecen ingresos complementarios, sino la principal actividad laboral. Según un estudio del BID, 71 por ciento de los conductores de Uber en Colombia tienen educación superior. Con la salida de Uber, el mercado de las plataformas se recompondrá en otras empresas, como Cabify, Didi y Beat, que han mostrado disposición al diálogo. Las plataformas, en especial las de economía colaborativa, han recibido cuestionamientos, entre otros factores, por el régimen laboral, que aplicado a rajatabla afectaría el modelo de negocio. Definir el trabajo y la relación con la empresa, en la mayoría de los casos, ha complicado la discusión. Será uno de los temas que asuma el Congreso para intentar regular este mercado (ver artículo siguiente). Pero a los taxis tradicionales también les caen reparos. El modelo de negocio –como los cupos, cuyo valor ha venido cayendo tras la aparición de las plataformas– está cambiando y la calidad no ha mejorado. Allí las plataformas han ganado espacio. Además, su manejo tiene una gran complejidad por las dificultades para que adopten nuevas tecnologías y mejoren su servicio. Por ejemplo, la alcaldía de Enrique Peñalosa no pudo lograr que los taxistas incorporaran tabletas para darles mayor transparencia a los cobros y a las rutas.

Este contexto evidencia la dificultad de abordar el tema y los desafíos que conlleva acá y en el mundo. En varios países piensan en regular a partir de los datos que hoy procesan las empresas y evaluar en la competencia los procesos de fusiones. No obstante, a Colombia esta discusión le llegó tarde y dejó en evidencia la incapacidad de los dos últimos Gobiernos de tomar el toro por los cuernos. Seguramente, con la salida de Uber, el mercado de las plataformas se recompondrá en otras empresas, como Cabify, Didi y Beat, que han mostrado disposición al diálogo. Pero esta no es la única discusión, porque a muchos más sectores también les ha llegado su Uber. Ahora, el país tendrá que priorizar y facilitar los diálogos y acuerdos. Sin embargo, está aún lejos de encontrar una solución en medio, además, de una tensa situación social.