Fuentes del Palacio de Nariño le confirmaron a SEMANA que el nombramiento del exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren se podría caer en las próximas horas, por una entrevista en la que se refirió a la polémica licitación de los pasaportes que ya dejó por fuera de esa entidad a la anterior directora, Martha Lucía Zamora, y tiene suspendido por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.
Todo daría cuenta de que las palabras de Gómez Aranguren sobre ese cuestionado proceso no cayeron para nada bien en el Gobierno nacional, porque se habría ido contra la posición del propio presidente Petro, quien ha calificado la asignación de ese contrato a Thomas Greg & Sons como una “monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”.
De hecho, el propio mandatario declaró insubsistente al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores José Antonio Salazar, por adjudicar a esa empresa el contrato para la elaboración de pasaportes. Mismo proceso que, según el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, “no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”.
El nombramiento de Gómez empezó a tambalear cuando el ministro de Exteriores encargado manifestó que le pidió una consulta a la Agencia Jurídica del Estado para definir si la mejor salida frente a ese cuestionado proceso es adjudicar a Thomas Greg, como lo hizo Salazar, o seguir adelante con una licitación que tenga más de un oferente.
Un día después de ese anuncio, el exmagistrado Gómez, quien no ha asumido oficialmente el cargo, dijo en Blu Radio sobre ese proceso: “Si la decisión del juez es en uno u otro sentido, es el acatamiento que debemos profesar y practicar frente a la figura del juez, entonces no veo la razón que una decisión judicial debidamente razonada implique una crisis. Si es en el sentido a, el Gobierno tiene que aceptar la decisión que adopte la Sala de Consulta del Consejo de Estado; y si es en el otro sentido, igual tiene que el Gobierno someterse”.
Sus palabras de inmediato recordaron a la saliente directora de la Agencia Jurídica, Martha Lucía Zamora, quien quedó por fuera del cargo después de emitir un concepto que la gran conclusión era “adjudicar”. Esa consulta le costó la cabeza porque se fue en contravía a la posición que ha tenido el presidente Gustavo Petro sobre ese cuestionado proceso de los pasaportes.
Las declaraciones de Gustavo Gómez Aranguren serían la razón principal por la que su llegada a la dirección de la ANDJE se caería en las próximas horas, pero para que la entidad no quede acéfala, el Gobierno estaría pensando en dejar a Jhon Camargo, quien se quedó al frente de la Agencia después de la salida de Paula Robledo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
El contrato de los pasaportes sigue causando estragos en el Gobierno Petro y de hecho, este martes 12 de marzo, el suspendido canciller Leyva volverá al juicio disciplinario que avanza en su contra en la Procuraduría después de declarar desierta esa licitación en 2023 y después emitir una norma de urgencia manifiesta para garantizar que esos documentos en Colombia se dejarán de producir.
En la audiencia de este martes, el procurador Ernesto Espinosa deberá resolver una solicitud de nulidad que presentó el abogado del canciller Leyva porque se habría presentado “ambigüedad en los cargos, falta de imparcialidad e indebida lección del procedimiento verbal”.