El asesinato de tres jóvenes en Chochó, Sucre, el pasado 25 de julio, sigue despertando la indignación y el rechazo de todos los sectores en Colombia. Las declaraciones en video de tres policías, quienes aseguraron ser testigos de lo ocurrido, desnudaron una tragedia que puso en evidencia un falso procedimiento policial que acabó con la vida de Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo.

El principal sospechoso del homicidio, el teniente coronel Benjamín Núñez, se habría ido del país. Y las familias, en medio del duelo, alzan su voz pidiendo justicia y repudiando la impunidad.

Las autoridades tienen en su poder más de 300 pruebas que comprueban y evidencian la participación de la Policía en el asesinato. Sin embargo, hasta el momento no se han expedido las órdenes de captura y cuando se intenta buscar una explicación, las dudas permanecen en el aire.

Entre el material probatorio es clave la confesión de un patrullero. Aseguró que estuvo presente cuando el teniente coronel desenfundó su arma y atentó contras los tres muchachos.

Pero antes de exponer su testimonio dejó una constancia. Dijo que tenía mucho miedo.

“Temo por mi familia, temo por mi vida. Por mi barrio anda rondando una persona, ya lleva cuatro días rondando por mi casa. Tengo una fotografía porque gracias a Dios me llevo bien con los vecinos y ellos me han tenido al tanto de todo. Incluso, han llegado a preguntar si ahí vive un policía”, relató.

“Desde que empezó el plan pistola no he podido salir de mi vivienda”, anotó el uniformado, cuya identidad no revelamos por seguridad.

El policía declaró que luego de llevar a los tres jóvenes a la Clínica María Reina, en el centro de Sincelejo, el teniente coronel Benjamín Núñez se les acercó y les dijo que no se preocuparan porque él se encargaría de todo. Pero no dejó en claro si recibió algún tipo de amenazas de su superior.

Pero este patrullero no es el único que manifiesta sentirse intimidado. En conversación con SEMANA el abogado Aníbal Garay, quien representa a dos de las tres familias afectadas, confirmó que instauró una denuncia ante la Fiscalía porque ha recibido llamadas de un hombre con amenazas de muerte.

“A un señor que es investigador, y a quien le comisioné unas tareas, los policías le dijeron que me querían asesinar. Que me tenían unas ganitas”, indicó Garay.

Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo fueron señalados por la Policía de ser integrantes del Clan del Golfo y de haber asesinado al patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, de 25 años, en el municipio de Sampués.

Las declaraciones, que fueron replicadas por el entonces comandante de la Policía departamental, el coronel Carlos Andrés Correa, fueron rechazadas por los familiares de las víctimas y por la comunidad. La población mostró su indignación y se organizaron manifestaciones para exigir justicia.

El 2 de agosto se empezaron a conocer los primeros resultados. Ese día se anunció que fueron suspendidos ocho uniformados: el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.

Las investigaciones escalaron de nivel y fueron asumidas por las entidades en Bogotá. Dos días después, el jueves 4 de agosto, la Dirección General de la Policía Nacional ordenó el relevo inmediato del coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, hasta ese momento comandante de la seccional Sucre. Todo parece indicar que el alto oficial fue engañado y solo difundió la versión entregada por sus subalternos.