Sobre el caso reveló el ente acusador que “la investigación permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de la fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo”.
Así mismo, indicó que la Fiscalía que “entre los procesados hay personal activo y exintegrantes del Ejército Nacional que desempeñaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica”.
De acuerdo con los investigadores de la Fiscalía, “al parecer, aprovecharon (implicados) sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres; y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales”.
Pues al conocer la magnitud del caso, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, les quitó el respaldo a los militares activos que se vieron implicados en el posible hecho de corrupción.
“Todas estas personas que estén en contra de las leyes, en contra de los principios de la institución, tendrán que pagar ante la autoridad competente”, manifestó el oficial.
De igual manera, dijo que internamente se está avanzando en investigaciones contra los posibles responsables. “Estamos pendientes de ese informe de la Fiscalía, pero internamente nosotros estamos llevando a cabo nuestras propias investigaciones a través de las inspecciones generales de cada fuerza”, añadió el general Giraldo.
De acuerdo con la Fiscalía General, la evidencia señala que la evidencia indica que los dineros producto de las negociaciones ilícitas eran enviados a través de empresas de giros.
“Hasta el momento se han documentado pagos por más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2022. Las ocho personas que harían parte de esta red fueron capturadas en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta), Barranca de Upía (Meta), Apía (Risaralda) y Neiva (Huila)”, indicó la Fiscalía.
Añadió que “entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia. Los elementos de prueba indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala”.
Este caso se suma al reciente presentado en el aeropuerto El Dorado, en donde el coronel Jorge Esteban Bautista, fue capturado cuando llegaba de Estados Unidos con varios accesorios para armas de fuego.
El oficial fue requerido por los funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera que tras advertir de elementos extraños en su equipaje, procedieron a una requisa y le encontraron un inventario de accesorios para armas de uso personal que más parecía un listado de compras en Indumil.
En materia penal y en audiencias concentradas, la Fiscalía explicó al juez de qué forma las conductas del oficial se incluyen en los dos delitos que fueron imputados.
El expediente que arranca en el ente acusador advierte que los accesorios que ingresó ilegalmente el coronel no pueden ser comercializados en el país, incluso una mira láser que remite la investigación a los fiscales especializados de Bogotá. El coronel fue dejado en libertad.