Conducir con la zozobra de que le quiten el carro se convirtió en el día a día de quienes compraron un vehículo de segunda o que en algún momento pasó por un proceso de embargo. Cada vez más personas vienen denunciando que se sienten perseguidas por empresas de cobranza que articulan, con complicidad de algunos funcionarios públicos, retenes ilegales en los que muchas veces terminan pidiendo altas sumas de dinero para evitar la inmovilización del mismo.
En las vías que conducen de Bogotá a Medellín, Villavicencio, Boyacá y Cali, entre otras, se vienen registrando retenes en los que personas con el uniforme de la Policía Nacional y acompañados de un civil, paran a algunos conductores y les indican que la placa de su carro aparece en un listado de bienes a embargar. Paso seguido, obligan al conductor a bajarse y a entregar la propiedad, según ellos, porque hay orden de impedir que siga rodando.
Algunos, al sentir la presión, entregan lo que tienen, firman documentos y luego, cuando revisan con detenimiento los papeles, se dan cuenta de que todo se trataba de un montaje porque en realidad su vehículo no debía ser inmovilizado, pero ya es tarde para encontrar a los responsables. Si no entregan el carro, ofrecen la opción de dar algo de dinero para dejarlos pasar, según ellos, bajo cuerda. “Mi camioneta es de alta gama, está avaluada en 380 millones de pesos y yo la compré en 300 porque era de segunda.
Cuando me dijeron que si no quería que me la quitaran tenía que darles 20 millones de pesos, yo llamé a mi familia para que me ayudaran a reunir el dinero”, cuenta uno de los denunciantes. Si los presuntos policías no les dicen que tiene orden de embargo, entonces les aseguran que el vehículo en el que se movilizan aparece reportado como hurtado, así que si no quieren perderlo deben hacer lo que ellos les indiquen y se vuelven presa fácil de extorsionistas.
El 6 de abril, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a dos oficiales de la Policía que habían parado a unos ciudadanos y les estaban pidiendo 10 millones de pesos. Les habían retenido los celulares, solo podían ser usados para pedir a sus amigos que consiguieran la plata y hasta cuando realizaran el desembolso se los devolverían.
Pero no contaron con que mientras el conductor les seguía la corriente, se comunicaba con la Fiscalía para denunciar. Los uniformados fueron capturados en flagrancia cuando estaban recibiendo el dinero de la extorsión, además les decomisaron la moto de la Policía, las pistolas y los teléfonos celulares.
El tema de los embargos se está prestando para que delincuentes hagan de las suyas con diferentes modalidades, otra de las identificadas por investigadores es la siguiente: venden un carro a un valor mucho más bajo que el comercial, le advierten al comprador que está en un proceso jurídico, que posiblemente terminará en embargo, pero que eso está proyectado a que suceda en diez años.
Tiempo en el que supuestamente se puede disfrutar del bien sin mayor preocupación. Una vez desembolsan el dinero, salen a conducir, y en menos de 48 horas el nuevo propietario del carro es abordado por autoridades que le inmovilizan el vehículo. Cuando se dan cuenta, el carro ha sido devuelto al vendedor, el mismo que amenaza si llegan a denunciar. “Con la Policía de su lado y uno sin un papel firmado, lo único que puedo hacer es llorar”, narra Pedro Jiménez, uno de los timados que vive en un barrio estrato 2 de Bogotá.
Juan Carlos Montes se movilizaba por la Autopista Sur de Bogotá en un Mercedes que compró hace dos años de segunda mano, cuando se percató de que dos motos lo seguían. Esa misma escena se repitió varias veces en una semana. Una tarde decidió encarar a los hombres; tembloroso, les preguntó qué pretendían y la sorpresa que se llevó es que le confirmaron que trabajaban para una entidad que se encarga de ubicar vehículos que están al servicio de entidades financieras y casas de cobranzas. El carro que compró ya no tiene ningún tipo de embargo, como estaba seguro de eso no dejó que el procedimiento avanzara, “pero si así fuera, no hay razón para que me estén siguiendo; para mí eso es violación a mi intimidad”, dice enfadado.
Investigadores privados de Private Investigation Technology S. A. S. (PTC) aseguran que empresas como Captucol utilizan la modalidad de seguimiento, se paran en las avenidas más transitadas, revisan las placas y si identifican alguna que esté en procesos jurídicos, empiezan a seguir a los conductores durante días para identificar por dónde se mueven y así luego ir con las autoridades competentes y abordarlos. “No siempre tienen la información actualizada y se termina intimidando a personas a las que no tienen que embargarles nada”, manifiesta Jeison Villamil, director de PTC.
Jairo Aranza, gerente de Captucol, confesó que sí hacen seguimientos en medio del servicio que presta a entidades financieras para recuperar vehículos, ya sea para que el cliente los entregue voluntariamente o sean recuperados mediante un proceso judicial.
“Claro que tenemos motorizados o personas en carros que se encargan de recoger los vehículos que la Policía ha inmovilizado”. Sin embargo, más adelante se contradice diciendo que son ellos los que alertan a las autoridades de dónde están los vehículos, “cuando los vemos, llamamos inmediatamente al 123 para que nos envíen un cuadrante. Nosotros estamos ubicados en las principales vías”.
Aranza aclara que las retenciones irregulares “son un tema viejo y complicado en la Policía Nacional porque muchos hacían inmovilizaciones con embargo y no con orden de captura, y claro que se iban capturas irregulares. Seguramente nosotros caímos en eso, pero le estoy hablando de hace unos cinco años”.
El directivo de Captucol no solamente dejó claro que esta entidad no realiza retenes, que es una labor de la Policía, sino que advirtió que hoy en día son extremadamente cuidadosos en los procedimientos, por eso invita a la ciudadanía a denunciar si se considera víctima de un proceso irregular. Los únicos que pueden retener un vehículo en calidad de embargo son la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional mediante orden de un juez de la república; quien lo haga de manera diferente estaría violando el debido proceso.
Fuentes de la Fiscalía, de manera extraoficial, le confirmaron a este medio que se está adelantando una línea de investigación para determinar si hay una confabulación entre delincuentes y autoridades para quitar los vehículos en proceso de embargo y revenderlos, dado que tienen acceso al sistema y pueden identificar en las vías a quién parar y a quién no.