Este miércoles, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reaccionó a la decisión de un juez de control de garantías de Sincelejo que envió a la cárcel al coronel Benjamín Núñez, señalado de ser el responsable del asesinato de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el pasado 25 de julio.
El fiscal destacó que el caso fue resuelto en 28 días. “Tengan o no uniforme, vamos a perseguir a los violadores de derechos humanos”, dijo Barbosa, desde Nariño. El fiscal sostuvo que el oficial habría disparado su arma de dotación, de manera directa y a corta distancia.
“Las víctimas, de 18, 20 y 26 años, fueron interceptadas en un puesto de control, luego de conocerse la muerte de un patrullero en Sampués (Sucre). Durante el procedimiento algunos uniformados, al parecer, las golpearon. Posteriormente, el entonces teniente coronel Núñez Jaramillo habría llegado al lugar y pidió subirlas a una camioneta para trasladarlas a Sincelejo. El material de prueba da cuenta de que, durante el recorrido, el oficial presuntamente activó su arma de dotación en contra de los jóvenes, de manera directa y a muy corta distancia en siete oportunidades causándoles la muerte. Luego descendió del vehículo y se fue en la patrulla que tenía asignada, mientras los cuerpos fueron trasladados a un centro asistencial”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
El juez segundo de control de garantías de Sincelejo consideró que el excomandante operativo de la Policía de Sucre representa un peligro para la sociedad y, estando en libertad, puede afectar el desarrollo de la investigación por los hechos que rodearon la retención, actos de tortura y posterior asesinato de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez, José Carlos Arévalo y Jesús David Díaz, quienes fueron señalados de ser parte del Clan del Golfo.
Sin embargo, teniendo en cuenta el riesgo que podría sufrir su vida, el funcionario judicial ordenó que el oficial de la Policía sea trasladado a un centro de reclusión especial para servidores públicos que esté a cargo del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). “La medida que definitivamente garantiza todos los bienes constitucionales es la detención en centro de reclusión carcelario, y así se dispondrá para el coronel Benjamín Núñez”, dijo el juez.
“En todo caso, y por considerarse que se trata de un funcionario público que en ejercicio de sus labores pudo generar rencillas en personas que estén al margen de la ley, se dispondrá su reclusión a un centro especial que esté dispuesto para funcionarios públicos. Conviene recordar que la justicia actúa de manera parca y que las rencillas no son partes de sus fines”, aclaró el juez al considerar que se deben tomar las medidas para proteger los derechos constitucionales del coronel.