A menos de 24 horas de haber sido emitido el fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría General sobre el caso Hidroituango, en el que el organismo de control ratifica la responsabilidad fiscal que recae sobre 26 personas, entre naturales y jurídicas, el funcionario había lanzado unas frases en las que refirió a las presiones que recaen sobre él debido a la misión que adelanta la Contraloría: proteger los recursos públicos.
“Como decía mi mamá, el que tenga miedo que compre un perro. Yo tengo 8 perros”, dijo el contralor durante su intervención el jueves en el Encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, realizado en Barranquilla.
Según lo expresado por Córdoba, las presiones son circunstancias a las que está expuesto todos los días. “Nosotros, como jueces administrativos, nos salen a presionar. A veces a través de los medios de comunicación, en otras ocasiones, salen a llamar a algunos grupos a que nos presionen con fuerza”, señaló el funcionario.
En el caso particular de Hidroituango, el contralor fue recusado por el precandidato presidencial Sergio Fajardo, uno de los involucrados en el fallo que se confirmó este viernes, en segunda instancia.
En su momento, Fajardo señaló que no estaba recusando para dilatar el curso de la investigación, sino para dejar en claro que los funcionarios de entidades públicas, y en particular, las que hacen control, tienen que comprender que un juez fiscal no debe pronunciarse frente a casos investigados antes de dar un fallo, por más mediático que parezca, porque eso refleja imparcialidad en el proceso.
Entre tanto, el contralor general, al referirse a las presiones que recaen sobre su cargo, dijo que lo más importante es que es la institucionalidad la que debe salir adelante. “Nuestras instituciones deben ser fuertes, no famélicas, como en algunos lados quieren que las tengamos”, señaló en el evento de Barranquilla.
Hidroituango, enredado
Durante más de dos años, el proyecto hidroeléctrico Ituango, con el cual el país está esperanzado, debido a que generará 17 % de la energía y permitirá una reducción en las tarifas al consumidor, ha estado metido en complejidades.
Desde que se produjo la falla en la obra, lo que llevó a declarar una contingencia que ha retrasado el cronograma para la terminación de la obra, mucha agua ha pasado bajo el puente.
La Contraloría emitió fallo de primera instancia en septiembre de 2021, con lo cual, vinculó a presuntos responsables de un posible detrimento patrimonial, debido a las fallas que se presentaron en la planeación y ejecución del megaproyecto.
El organismo de control manifestó en esa primera oportunidad que, del monto relacionado en el fallo: más de 4 billones de pesos, $2,9 billones tenían que ver con “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”. Entre tanto, debido a que el Estado dejó de percibir recursos, por la demora en la entrada en operación de la generadora de energía, se sumaban otros $1,1 billones.
Desde entonces ha habido de todo. Demandas, denuncias, crisis de gobierno corporativo en EPM. petición de renuncias (al gerente actual de EPM, por ejemplo) y recusaciones varias.
Ahora, luego del fallo de segunda instancia, quedan muchos interrogantes, uno de ellos, justamente es ¿seguirán las presiones?. Claro está, la pregunta más relevante que toca a todos los colombianos, es ¿Tendremos energía de Hidroituango?, puesto que ahora vuelve la incertidumbre acerca de quién terminará la obra.