El Gobierno de Gustavo Petro, en algunas entidades técnicas, ha nombrado a personas que reúnen perfiles contradictorios con las labores a desempeñar. La Agencia Nacional de Minería (ANM) es una de ellas. Su nuevo líder, Álvaro Pardo, es considerado un “antiminero” por los expertos. Desde el principio, su intención fue generar un revolcón en la entidad, bajo el argumento de que la ANM estaba plagada de ineficiencia y corrupción. Anunció que retiró a cerca de 40 funcionarios por esos motivos, recortó beneficios y hasta entregó uno de los tres pisos de la sede principal.
SEMANA habló con trabajadores de la entidad y aseguraron que, al retirar el personal, no hubo explicaciones, lo que dejó en tela de juicio la integridad de quienes laboran en la agencia.
Jimmy Soto, funcionario y representante del sindicato Sintraminerales en la ANM, dijo que las declaraciones del director de la entidad son un “juicio a priori”. “Tal vez la Agencia Nacional de Minería no sea ajena a la corrupción. Nos preocupa el desprestigio que se pueda promover en relación con los funcionarios de planta. Fue apresurado. Nos sorprendió muchísimo que lo haya dicho de manera tan relajada. Como funcionarios nos sentimos agraviados, consideramos que de manera generalizada se estaba dirigiendo a todos”, sostuvo el líder sindical.
Añadió que hace dos meses denunciaron que algunos funcionarios venían siendo suplantados por personas que buscaban estafar usuarios, exigiendo altas sumas de dinero por trámites o servicios. A pesar de que pidieron que hicieran pública esta situación que deterioraba su buen nombre, la solicitud solo fue atendida por las directivas hace dos días.
“Pedimos que se nos respete. Somos técnicos, probos y no estamos intentando obtener dineros indebidos”, agregó Soto. “Lo que más nos preocupa es que sean administraciones que no escuchan. En el diálogo hay muchas dificultades. Deseamos trabajar en equipo, pero no creemos que se estén considerando nuestros aportes”, señaló.
Por otro lado, un ingeniero de minas con seis años de experiencia en la agencia fue trasladado de su cargo a uno menor sin explicación. En conversación con este medio, aseguró que inicialmente no conocía la razón. “Uno asume que es por el cambio, pero el rumor apunta que fue porque el director escuchó que había corrupción y me sacó sin preguntarme. Nunca he estado reportado por corrupción en seis años. Están tomando decisiones políticas, o por conveniencia, porque no hay argumentos para afirmar que hubo corrupción”, le dijo a SEMANA.
Otro funcionario aseguró que este tipo de acusaciones tienen la moral de las entidades adscritas por el suelo: “Es nuestro nombre e integridad. El director se apresuró”. Frente a las denuncias de los trabajadores por las acusaciones, Jaime Mesa, vicepresidente administrativo y financiero de la entidad, respondió a SEMANA que los hallazgos de la nueva administración sí “ponen en tela de juicio la transparencia de la institución”.
Asegura que la ineficiencia es un problema, dado que hay trámites pendientes por decidir de hace dos años. “Aproximadamente 4.800 solicitudes de contrato, cajas y cajas de documentos y cientos de PQR pendientes”, dijo Mesa.
Frente a los retiros del personal, señaló que se dieron “sin afectar los derechos laborales y/o contractuales de los presuntos responsables”. Sobre la interlocución, el funcionario afirma que se abrió el diálogo dentro y fuera de la agencia con grupos interdisciplinarios y colaborativos.
Lo cierto es que la tensión entre la nueva administración y los antiguos funcionarios es evidente. El revolcón en el sector permea todas las entidades y preocupa a expertos con años de trayectoria en estas instituciones.